sábado, 20 de junio de 2020

El proteccionismo como política económica en Guatemala y sus consecuencias

Foto: Emisoras Unidas de Guatemala

Una Solución a la vista que requiere voluntad

Introducción

El desarrollo económico corporativo, familiar o individual se logra a base de inversión y trabajo. En su conjunto, esa productividad posiciona a un país en el estamento macroeconómico. Las teorías económicas han demostrado que los procesos de desarrollo bajo condiciones ideales representan el aumento de la prosperidad, la felicidad de sus ciudadanos y el desarrollo de los Estados. Sin embargo, los gobiernos a través del tiempo y con la evolución de las teorías económicas han mezclado la política en sus medidas económicas para hacerse de poder global o regional y tener influencia en temas geopolíticos. Grupos de diverso tipo, nacionales o transnacionales, buscan aumentar no sólo su productividad sino ajustar intereses que aumenten su poder e influencia a base de su peso económico. De esta forma, recomiendan-presionan a los gobiernos, incluso hasta condicionándolos, para que regulen economías-políticas conforme a sus fines. En el ínterin del ajedrez económico financiero de los grandes, se afectan o descuidan sectores de población que se mantienen en su estado de pobreza por falta de iguales oportunidades de desarrollo para todos.

Guatemala posee considerables niveles de desigualdad originado en regulaciones proteccionistas que apoyan fines como los descritos. Este trabajo discute las condiciones que generan esta desigualdad que evidentemente están basadas en ley, pero carecen del sentido ético-moral que la constitución establece para normar una actitud de nación que permita la cooperación mutua a base de respeto de la dignidad individual para lograr el desarrollo. Discute también los argumentos que califican de “socialista” a la constitución por el énfasis en la garantía de libertades individuales, cuando dicho pacto social está basado en principios racionales universales de carácter completamente liberal.

Dado que los argumentos de las partes que se discute son válidos, el desarrollo, prosperidad creación de propiedad privada que garantiza un capitalismo igualitario en el proceso económico, llegará en la medida que se adopte una “actitud”, en gobernantes y gobernados, propensa a entender y aplicar los principios universales y racionales ya plasmados el pacto social denominado Constitución Política de la República de Guatemala.

Teorías económicas

El mercantilismo se consolidó en Europa durante el siglo XVI. Se basó en la idea de que la riqueza y el poder de una nación se beneficiaban mejor mediante el aumento de las exportaciones, en un esfuerzo por recolectar metales preciosos como el oro y la plata. Obtener materias primas de las colonias para industrializarlas y devolverlo al nuevo mundo en productos. El mercantilismo reemplazó al sistema económico feudal en Europa occidental y el sentido permanece hasta hoy (Rush, 1992).

Del siglo XX en adelante, los gobiernos usaron sus economías para aumentar el poder del Estado a expensas de otros países. Los gobiernos buscaron asegurar que las exportaciones excedieran las importaciones y acumular riqueza en forma de lingotes (principalmente oro y plata). El mercantilismo provocó muchos actos contra la humanidad, incluida la esclavitud y un sistema de comercio desequilibrado. Durante el período mercantilista de Gran Bretaña, las colonias enfrentaron períodos de inflación e impuestos excesivos, lo que causó gran angustia (EIR Economics, 1996).

El comercio mundial evolucionó y en el siglo XXI existe todo un sistema basado en acuerdos internacionales, organizaciones que regulan el comercio y tratados regionales, multi región, bilaterales etc. Sin embargo, la mayoría de estos acuerdos como es lógico desde los inicios del mercantilismo buscan un beneficio para una región o país específico, no sólo económico, sino que trasciende a lo político. Entre más poder, hegemonía o influencia posee un país, los otros más pequeños tendrán que adaptarse a las consecuencias económicas y políticas.

A partir de esa práctica surge el proteccionismo. Definido como el deseo de un estado anfitrión de proteger a un actor doméstico frente a un inversionista extranjero competidor (van Aaken, 2009). El sistema especulativo se refuerza con políticas económicas proteccionistas que se dan cuando un país impone limitaciones a las importaciones para proteger a los productores nacionales frente a la competencia externa. Esto es contradictorio al espíritu del concepto liberal del libre comercio, pero una realidad en el escenario geoeconómico mundial (Hillermann, 2020).

Los países con gran desarrollo de agricultura como Alemania y Estados Unidos mantienen una tradición de gravar con aranceles la importación de productos con el objeto de proteger a sus productores nacionales (Puhle, 1979). Los productores de América Latina ven afectadas sus exportaciones prefiriendo dirigirse a países donde los aranceles son menores.

Los gobiernos entonces, buscan celebrar o adherirse a tratados internacionales de comercio que adoptan diferentes nombres y modalidades que intentan suavizar este impacto en aras de una saludable relación internacional comercial.

Los empresarios interesados en exportar son quienes exigen a los gobiernos que se negocien aranceles con los países destino de las exportaciones. O bien, les exigen y asesoran para que gestionen tratados comerciales, sea bilaterales o regionales, que mejore su situación frente a las exportaciones de sus productos.

Indudablemente, el aumento de las exportaciones siempre traerá beneficios en la balanza comercial. Un gobierno observa que sus productores están siendo víctimas de un proteccionismo del país destino de sus exportaciones, entonces intercede por medio de la gestión de acuerdos o tratados en favor de sus exportadores para bajar estos aranceles o lograr otros acuerdos. De ahí la pregunta ¿El proteccionismo como política económica nacional beneficia a todo aquel que desea emprender/invertir o sólo a un grupo con ciertos niveles de capital?

El gobierno en su intento por librar de un proteccionismo en el exterior a los productores nacionales, les provee proteccionismo a nivel nacional frente a otros productores menores, volviéndose una cadena proteccionista donde siempre habrá un privilegiado y un afectado de menor tamaño económico.

Contextulización a la realidad en Guatemala

En el sitio oficial del Ministerio de Economía de la República de Guatemala, se pueden encontrar los aranceles preferenciales de importación 2020 que aplican a tratados comerciales vigentes como el tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana CAFTA, con la Unión Europea ADA, con Estados Unidos, México y más países (MINECO, 2019).

El gobierno otorgó los valores arancelarios en estos tratados a cambio de que, en los países parte, también ofrezcan aranceles atractivos para exportadores guatemaltecos. Pero al observar las tablas de los productos y sus valores de arancel de importación puede notarse que hay implícita una preferencia de arancel dirigida a alguna industria en particular. Por ejemplo, en la tabla de aranceles de productos provenientes de Estados Unidos se observa una gran gama de productos exentos pero el cuadril de pollo puede ser gravado con un valor máximo de 7,5.

Empresas pequeñas que quisieran importar deben pagar este arancel. Seguro optarán por cambiar de producto y el consumidor optará por consumir producto nacional en vez de importado que obviamente es más barato. El gobierno habrá logrado el objetivo de proteger la industria nacional. Una industria grande tiene ventajas para exportar, no sólo porque tiene capacidad de hacerlo, sino que los aranceles en el exterior son bajos producto del acuerdo comercial. Gana si exporta, gana si importa y gana vendiendo en el país. Este proteccionismo produce monopolio u oligopolio.

En la tabla de aranceles de productos provenientes de México, una marca de cerveza tiene gravado el valor 13 de arancel, aceites de producto agrícola un valor de 9 y claro muchos otros productos excluidos o de valor cero. Pero una vez más, las grandes industrias de bebida y de productos del agro son beneficiadas pues cualquier nuevo empresario puede verificar que le sale muy caro importar y si decide hacerlo tendrá que ofrecer a un precio que cubra sus costos más las utilidades. No venderá. De nuevo el consumidor le comprará a la empresa nacional protegida por medio de la política arancelaria del gobierno. La política económica – legal – proteccionista no beneficia a todos por igual.

Otro aspecto importante es que los valores arancelarios en las tablas son únicamente referenciales y es facultad de la Superintendencia de Administración Tributaria determinar la final aplicación[1]. Si a este aspecto legal se agrega los consabidos niveles de corrupción en las aduanas[2] es fácil comprender el tráfico de influencias para el ingreso de productos al país a nivel de las aduanas fronterizas. Esta afirmación en base a casos conocidos de acuerdos ilegales entre autoridades tributarias y grandes empresas y que se dan a conocer cuando cambian autoridades[3].

Dado que hay productos procedentes del extranjero, que por el gravamen que tienen resulta costosa la importación para los pequeños empresarios, se produce el fenómeno del contrabando. Principalmente en las zonas de frontera terrestres. Otra forma de proteccionismo con tendencia política se da cuando los gobiernos, protegiendo a las industrias, redactan legislación tendiente a tipificar el delito de contrabando y dicta políticas para su combate en favor del cumplimiento de la ley.

Es absolutamente legal hacer cumplir una ley contra el contrabando pero en realidad protege a las grandes empresas. Las personas en pobreza y pobreza extrema se benefician comprando los precios del contrabando mientras el fenómeno – con toda razón – se combate como delito. Este fenómeno acrecienta la desigualdad y limita las oportunidades para nuevos empresarios que podrían importar producto en vez de pasarlo como contrabando si hubiera aranceles más equitativos para que todos puedan proveerse oportunidades.

En el año 2000 el Gobierno de Guatemala facilitó la importación de productos y grabó impuestos a las grandes empresas guatemaltecas de cemento, pollo, azúcar y cerveza. Empresas que tenían medidas económicas proteccionistas desde gobiernos anteriores. Dichas medidas fueron revertidas a su estatus original cuando asumió el siguiente gobierno.

Otro ejemplo de proteccionismo es el ejercicio de los roles de la Banca Central quien a través de su junta monetaria determina la tasa de compra y venta de divisas. De conocimiento público es que Guatemala mantiene estabilidad a nivel macroeconómico y se atribuye este éxito a todo tipo de operaciones empresariales concentradas en una minoría de la población.

Pero en realidad, las mayorías poco se benefician de la afamada estabilidad macroeconómica. Se debe a que los grandes capitales no traducen ese éxito comercial en aumentos periódicos de salarios para hacer que la clase media aumente. Mayores ganancias empresariales pero salarios de mercado inamovibles. Aún en las empresas exitosas.

La primera plana de prensa libre del 22 de marzo de 2017 resaltaba la “caída del dólar”. Esto afectó en su momento a las personas individuales o jurídicas que tienen muchos dólares; pero para la mayoría de guatemaltecos sin muchos dólares, la baja del dólar les da más posibilidades de acceso a productos como boletos de avión y más productos del extranjero o compras en línea.

Es decir, si el dólar cae perjudica a unos (que tienen más dólares) y beneficia a otros (los que tienen unos cuántos dólares). Por ello la junta monetaria determina el tipo de cambio. Si el dólar cae devaluará el quetzal para proteger a los grandes bancos y consorcios que sostienen la macroeconomía nacional. Los pocos dólares de un ciudadano tendrán menos poder adquisitivo si quisiera viajar o comprar. Por tanto, es proteccionismo interno que aumenta la desigualdad.

Discusión

La macroeconomía presenta al país ante el mundo, por ello son justificables las maniobras especulativas financieras de la junta monetaria para mantenerla presentable. Pero en realidad ha logrado producir una sociedad desigual en cuanto al poder adquisitivo de sus ingresos. Se dictan medidas para proteger productos de exportación y hechos en el país de algunas grandes industrias, pero se descuidan las medidas para que la mayoría de personas lleguen a tener oportunidades de invertir y desarrollar sus propias empresas que competirían con los productos protegidos.

Las élites económicas han heredado con los años el capital familiar lo cual es digno ejemplo de trabajo y no constituye delito sino virtud haber producido propiedad privada. Hay muchos ejemplos también de personas emprendedoras que lograron la prosperidad a base de años de trabajo y sacrificio en el intercambio común de un proceso económico. Pero es común la expresión informal de que “el que no ha desarrollado es porque no trabaja” y se les atribuye hábitos de pereza. Pero en realidad hay segmentos sociales que no llegan a tener oportunidad de invertir (porque les es prohibido por normas proteccionistas) ni condiciones de educación y salud suficientes para lograr la prosperidad. Las oportunidades son limitadas de lo contrario los niveles de pobreza tendrían un proceso permanentemente decreciente.

El tema entra en la subjetividad al discutir qué es lo justo o lo injusto. Los argumentos de ambas posturas tienen sólidos fundamentos teórico-económicos, científicos, de justicia y conciencia social. Pero lo que puede discutirse aún más en beneficio de la prosperidad general es que el sistema proteccionista se aleja de los principios del liberalismo clásico: competitivo, con igualdad de oportunidad para que cualquiera pueda invertir, cualquier cantidad y expresas prohibiciones de monopolios u oligopolios. En vez de ello, ha dado paso a un neo-liberalismo concentrado en el incremento de ganancias de los grandes capitales con la protección o favor gubernamental.

A este punto en una mesa de discusión los participantes se verán uno al otro sin lograr acuerdos o arribar a soluciones equitativas pues las posturas de todos son justas y están en ley.

El Dr. Francisco Covarrubias nos recuerde en uno de sus escritos, la enseñanza de Karl Popper sobre cómo alcanzar la felicidad desde la autoridad, pero de una forma racional y efectiva.

No se trata de aferrarse a promocionar felicidad para todos, sino que el objetivo debe ser eliminar las causas de infelicidad o de sufrimiento. Hay que aceptar que la minimización del sufrimiento exige un cambio muy importante en las relaciones sociales. Por ello, insistir en la idea de dotar de felicidad desde el Estado a los ciudadanos, aparte de ser una soberbia, genera una vulneración de los juicios individuales y de las propias libertades. La felicidad, según Popper, es hipotética e indeterminada, difícil de identificar y definir (Covarrubias, 2020).

Guatemala necesita un capitalismo igualitario o equitativo en donde todos por igual puedan comprar, vender e invertir por igual sin limitaciones de reglas proteccionistas. Es urgente que las personas en estratos de clase media hacia abajo puedan con libertad escoger en qué invertir o vender como medio de subsistencia.

Tal parece que la respuesta podría asomarse con una mejor “actitud individual” por parte de ciudadanos y autoridades, que ya está plasmada en la Constitución Política de la República de Guatemala. En su preámbulo indica que la constitución se inspira en valores como la primacía de la persona como sujeto y fin del orden social y el bien común. Se trata de un derecho natural racional. Estos son principios del idealismo trascendental de Kant[4]. Los derechos sociales tienen inspiración hegeliana[5], la realidad de la comunidad como sujeto racional colectivo al que debe reconocérsele libertar e igualdad por naturaleza, así como los derechos que dependen de tales valores.

La clave está en reconocer la dignidad de las personas manifestado por respeto y autenticidad. Esa es la actitud que evidenciará el tratarse como un fin en sí mismo que es el objetivo de vida de la moralidad. La primacía de la dignidad humana propuesta por Kant y que inspiró la constitución.

La dignidad humana es la ley universal del derecho. La libertad e igualdad de los ciudadanos produce el orden social. La capacidad de reflexión en estos principios asegura el papel del gobierno como servidor público que provee las condiciones para que los ciudadanos, en ejercicio de su libertad, busquen su desarrollo sin afectar la libertad de otros. Este es espíritu del concepto de justicia social.

Justicia social implica igualdad para poder trabajar e invertir con libertad sin limitaciones de reglas o normas que protegen a una minoría (liberalismo clásico). Justicia social no significa regalar sin trabajar, por tanto no se relaciona con políticas de algunos gobiernos desde 1986 que desarrollaron programas sociales de ayuda a personas en pobreza.

Por consiguiente, los 137 artículos de la constitución que garantizan derechos fundamentales le dan al Estado de Guatemala, un carácter liberal en su organización, basados en el derecho natural, racional y democrático de la ilustración dado que buscan la dignidad de la persona como un fin en un ambiente de libertad.

Conclusiones

Las condiciones para el libre comercio que pudieran escoger los ciudadanos en Guatemala están limitadas por leyes y normas proteccionistas que benefician a sectores industriales y comerciales específicos. A más pobreza de un ciudadano menos oportunidad de aprovechar sus ventajas competitivas individuales.

Guatemala es una república organizada bajo un contrato social (no ley) que organiza al Estado para servir a los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades individuales y provee condiciones que garantizan sus derechos fundamentales naturales para que busquen su desarrollo por medio del trabajo.

Para invertir y trabajar, los ciudadanos necesitan igualdad de condiciones y así buscar sus oportunidades de desarrollo individual, condición que solo se puede alcanzar suprimiendo proteccionismos al comercio haciéndolo verdaderamente libre para que cada ciudadano logre la felicidad en base a su propia virtud, talento y emprendimiento.

Justicia social no es un término que promueve socialismo, sino una condición que un gobierno genera para que los individuos puedan escoger la forma de trabajo para lograr su desarrollo. Garantizar los derechos fundamentales no es regalar productos del trabajo de otro, sino crear el ambiente que permita escoger con libertad en que trabajar para desarrollarse.

En Guatemala las condiciones para dignificar a la persona humana en su libertad e igualdad que le permita desarrollarse, ya están dadas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sólo se necesita “actitud” para aplicar los principios ya acordados en la constitución por gobernantes y gobernados.

Referencias

Covarrubias, J. G. (3 de junio de 2020). Nuevo Poder. Obtenido de Más pobres pero más felices: http://www.nuevopoder.cl/mas-pobres-pero-mas-felices/
EIR Economics. (1996). Press coverage of Fourth National Forum "Yes, There Is Life After the Death of the IMF", 8 de marzo de 1996, Guanajuato, México. Executiv Intelligence Review EIR, 4-9.
Hillermann, V. (abril de 2020). Profesor de economía política Universidad de Occidente, catedra a doctorandos.
MINECO. (2019). Ministerio de Economía de Guatemala. Obtenido de LISTADO DE ARANCELES PREFERENCIALES 2020: https://www.mineco.gob.gt/aranceles-preferenciales
Puhle, H.-J. (mayo de 1979). Repositorio español de ciencia y tecnología RECYT. Obtenido de Las funciones del proteccionismo agrario en los países industriales avanzados, Revista de estudios políticos: https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/download/48086/29535
Redacción EIR. (1983). Editorial: The causes of history . Executiv Intelligence Review, 64.
Rush, C. (1992). Mercantilism vs. free trade: the war for ibero-america. Executiv Intelligence Review EIR, 24.
van Aaken, A. a. (11 de june de 2009). Social Science Research Network SSRN. Obtenido de The Global Financial Crisis and International Economic Law: https://ssrn.com/abstract=1417957




[1] Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria denominado “Objeto y funciones de la SAT” y el Artículo 31 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, denominado “Intendencia de Aduanas.
[2] EFE, Mafias siguen operando en las aduanas del país, dice ministro de la Defensa, Prensa Libre 1 de agosto de 2017. https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mafias-siguen-operando-en-las-aduanas-del-pais-dice-ministro-de-la-defensa/ Consultado el 3 de junio de 2020.
[3] Urias Gamarro Y Geldi Muñoz, Aceros de Guatemala paga Q782.9 millones de golpe, Prensa Libre 9 de mayo de 2016. https://www.prensalibre.com/economia/sat-aseguro-que-cobro-y-reposicion-de-impuestos-elevaria-recaudacion/ Consultado el 3 de junio de 2020. 
[4] Immanuel Kant, filósofo alemán de la Ilustración, 1724-1804.
[5] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo del Idealismo alemán, 1770-1831.



miércoles, 17 de junio de 2020

Seguridad, Defensa y control territorial


Este artículo fue publicado originalmente en la revista Guarnición del Ejército de la República Dominicana, número de marzo 2020, página 110, con el título: Seguridad y defensa territorial en Guatemala. Tiene como objetivo mostrar la definición e importancia del: Control territorial.

Desde la antigüedad los grupos humanos han tenido la necesidad de defenderse. Es fácil deducir que el concepto introductorio de Clausewitz sobre la guerra comparándolo con un duelo – si no conocido el concepto como tal – era ya muy bien percibido por las civilizaciones: Guerra, el acto de imponer la voluntad sobre otro por la fuerza. (Clausewitz, 2019)

De esta forma y hasta los tiempos actuales, surge la necesidad y/o legitimo derecho de los pueblos – Estados – a la defensa. (ONU, 2019) Una organización para la defensa – política de defensa – es una parte sustancial para garantizar la seguridad en el Estado.  La concepción contemporánea de la defensa se presenta generalmente en el marco de la seguridad, es decir: La Defensa es una parte de la seguridad. (CNS, 2019)

La seguridad se entiende como una condición ideal del Estado, para la normal interacción de los factores sociales, económicos, políticos y tecnológicos que lo conforman, que permita mantener un nivel continuo de desarrollo capaz de producir satisfacción,  bienestar y felicidad en sus habitantes.

El desarrollo se obtiene en un territorio determinado. Cuando un Estado identifica una amenaza, organiza la defensa territorial empleando los medios y métodos disponibles para impedir, disuadir o resistir la amenaza. Se busca enfrentarla, combatirla o incluso ir a la guerra con tal de mantener la seguridad del Estado.

¿Cual ha sido la característica determinante para organizar una política de defensa territorial robusta frente a las amenazas actuales?

Al comparar las cinco fases reconocidas hoy de la evolución de la guerra con el factor común a defender, siempre se encuentra como variable "el terreno". En el territorio o extensión geográfica en que se asienta un Estado se planificará la defensa para garantizar la seguridad.

Las guerras de primera generación (siglo XIX y anteriores), de segunda generación o de desgaste (primera guerra mundial) y de tercera generación o de movimiento (segunda guerra mundial) basaron la planificación estratégico-miltar, operacional y táctica en la captura y/o defensa del terreno. Estas guerras eran Estados contra Estados, y se identifican en la mayoría de doctrinas militares como "convencionales".

A partir de 1945 la guerra de cuarta generación o asimétrica, se basó en el control del terreno pero con caracter no convencional, no Estatal, interna, convertida en revolución o guerra de guerrillas para alcanzar el poder y cambiar el sistema de gobierno. (Vasquez, 2016)

A raíz de los atentados terroristas en Estados Unidos de 2001, la Organización de Estados Americanos OEA identificó nuevas amenazas no tradicionales que consisten en

“problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales y, en algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos y las normas constitucionales de cada Estado” (OEA, 2019)

La guerra de quinta generación va más allá de la defensa territorial, abarca el ciberespacio, los medios de comunicación, cualquier medio concreto, abstracto, la mente, la tecnología, el ciberespacio, el rumor, prácticamente todo... todo puede ser un objetivo. Su única regla es que no existen reglas para atacar. La complejidad aumenta si se considera que puede ser conducida por organizaciones no estatales hasta personas individuales autores de ataques cibernéticos. (Liang/Xiangsui, 1999)

Empero, las guerras convencionales se libraron en el terreno, por lo que para mantener la seguridad hubo necesidad de organizar una defensa territorial. En la guerra de cuarta y quinta generación donde el atacante no es otro Estado, no puede ser identificado, especialmente si la amenaza opera clandestinamente. Por tanto, es necesario organizar la defensa por medio del “control territorial”, es decir, mantener la presencia de fuerza pública armada para garantizar la presencia del Estado a través de sus instituciones y garantizar las libertades a los ciudadanos para poder desarrollarse. A estos conceptos de guerras de 5ª generación también se les conoce como guerra híbrida. (Cifuentes, 2019)

En tiempo de paz se provee seguridad ante las amenazas a través de una defensa basada en el control territorial. El control territorial provee un entorno seguro para garantizar la libertad. Esta acción del gobierno prepara el esquema de la defensa civil, concepto de una guerra convencional que consiste en planes y medidas orientadas a proteger a la población frente a agresión externa o por desastres producidos por fenómenos naturales o antropogénicos. (COSEDE D. d., 2016).

La Defensa civil se organiza integrando a todo el Estado, sus instituciones, entidades privadas y la población en general. Las reservas militares (guardia nacional) juegan un papel importante pues mantienen en apresto (entrenados y listos) al efectivo humano, los sistemas de transporte, salud, vías de comunicación y medios de evacuación, entre otros que serán empleados al ser decretado un estado de emergencia a nivel nacional. (COSEDE D. d., 2014).

La característica determinante para garantizar seguridad por medio de una política de defensa territorial robusta frente a las amenazas actuales es que esta se desarrolle a través de la acción integral del Estado. Consiste en que los planes nacionales de desarrollo, de respuesta y seguridad, deben contener el papel de cada institución del Estado, del sector privado y de la sociedad para la defensa territorial.

Dos factores más habrán de fortalecerse para que tal sistema sea eficaz: la estrategia de comunicación y la disposición en actitud cívica de la población, convencida que es necesario contribuir en todos los campos a la defensa.

Fin del artículo publicado en la revista guarnición.

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Un ejemplo de control territorial es el despliegue permanente de unidades militares, policiales e instituciones de justicia y ayuda humanitaria en el territorio del Estado. No debe confundirse con el concepto de la época de la guerra fría (finalizada a inicios de 1990) de controlar a la población, sus movimientos y sus acciones para verificar o no si pertenecían a facción insurgente. 



El control territorial es presencia del Estado para garantizar seguridad y construir un entorno seguro para el desarrollo. El control territorial además sirve para prevenir el libre accionar ilícito del crimen organizado.

Todas las fuerzas de defensa ejercen control territorial, aéreo o marítimo en este sentido según sus objetivos. En el siguiente mapa se presenta un esquema de acciones estratégicas de presencia, control que buscan efectos políticos. Los civiles deciden, los militares ejecutan.



Referencias consultadas


Cifuentes, I. (Consultado 4 de octubre de 2019). Amenazas Híbridas, marzo, 2019. Obtenido de Perspectiva Militar, temas académicos militares: https://perspectivamilitar.blogspot.com/2019/03/amenazas-hibridas.html

Clausewitz, K. V. (Consultado 4 de Octubre de 2019). De la Guerra, 1832. Obtenido de Biblioteca Virtual Unversal: https://www.biblioteca.org.ar/libros/153741.pdf

CNS, C. N. (Consultado 4 de octubre de 2019). Política Nacional de Seguridad de Guatemala, junio, 2017. Obtenido de Secetaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad: https://stcns.gob.gt/docs/2017/Reportes_DMC/Politica_Nacional_de_Seguridad_2017.pdf

COSEDE, D. d. (2014). Manual de Movilización. Guatemala: Dirección de Doctrina, Comando Superior de Educación del Ejército.

COSEDE, D. d. (2016). Manual de Defensa Civil ME-20-07. Guatemala: Dirección de Doctrina, Comando Superior de Educación del Ejército.

Liang/Xiangsui, Q. (1999). Unrestricted Warfare. Beijing: Literature and Arts Publishing House.

OEA, O. d. (consultado 4 de Octubre de 2019). Conferencia especial sobre seguridad, México, octubre, 2003. Obtenido de Organización de los Estados Americanos: http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf

ONU, C. d. (consultado el 4 de octubre de 2019). Capítulo VII: acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Obtenido de Naciones Unidas: https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/

Vasquez, O. (2016). Guerras de cuarta generación : una aproximación a las guerras del siglo XXI. Guatemala: Episteme.

Comentario del libro: Los Orígenes del orden político, de Francis Fukuyama


Los orígenes del orden político - Francis Fukuyama | Planeta de Libros


Esta magnífica obra tiene un detallado y extenso contenido sobre la evolución de procesos políticos de gobierno en las diferentes formas de asociación humana, desde la antigüedad, hasta el momento en que se transformaron en Estados modernos. Describe desde los momentos en que los hombres poblaron el mundo como nómadas hasta establecer organizaciones tribales. Para ilustrarlo, el autor hace un detallado análisis de las culturas antiguas que poblaron China, India y el oriente próximo. Luego hace una comparación del mismo proceso en las culturas de Europa.



El libro propone respuestas a interrogantes del por qué unas sociedades fueron más exitosas que otras, las características propias de las culturas, factores determinantes y por qué decayeron. La lectura permite relacionar conceptos a la situación actual global, regional y nacional.

Una de las ideas fundamentales presentadas a lo largo del libro es que el Estado moderno es una condición necesaria más no suficiente para el desarrollo. Se necesita una modernización social que provea condiciones donde el ciudadano sea un actor políticamente activo y dedicado al comercio y productividad. Para comprender cómo lograr la justicia y el orden político se hace necesario desarrollar múltiples formas de cooperación social en un ambiente de seguridad para lograr un altruismo ciudadano reflejado en el intercambio económico.

Fukuyama categoriza las instituciones en tres áreas: El Estado, el principio de legalidad y el gobierno responsable. Propone y ejemplifica con hechos históricos que un Estado debe poseer una organización burocrática centralizada, uniforme y eficaz. Sobre China concluye que fue el primer Estado moderno de la historia, con un sistema bien organizado de funcionarios nombrados por meritocracia, un ejército y la guerra como base para el control de un extenso territorio y constantes invasiones.

Una sola cultura, un solo idioma, un sistema de escritura, su geografía, el liderazgo, un ejército y un gobierno central integrado por civiles cultos, hicieron de China uno de los más grandes y poderosos imperios que ha tenido la humanidad. La evolución política de China la compara con India y con el oriente próximo. La cultura india principalmente basada en la religión fortaleció a la sociedad, pero no la conformación del Estado o instituciones. Por ello desarrollaron hasta que llegaron extranjeros: Los británicos. Ellos sí, con un idioma, un sistema de funcionarios, ejército, un sistema legal fuerte, un sistema de escritura (el inglés) y la democracia.

El libro narra cómo los otomanos construyeron un Estado que duró varios siglos. Policía, orden, impuestos, funcionarios y ejército conformado por nativos de los territorios conquistados, pero formados en el islam desde niños, sin sus padres, sólo con sus amos.

Luego hace un contraste con Europa donde había una influencia muy marcada por el individualismo y el derecho natural racional. El acceso a la propiedad era por igual para hombres y mujeres y podía enajenarse siendo parientes o no. La base del orden social de China e India fue el parentesco, pero en Europa la iglesia prohibió el matrimonio entre parientes haciendo que la propiedad se dividiera, individualizara y trasladara fuera de la familia.

Explica que en Europa un factor determinante para la fortaleza del Estado fue el principio de legalidad resumido en que la ley es superior a los que la emiten. El Estado provee seguridad para el desarrollo y dicha ley es para aplicarse a todos sin hacer excepciones. Reglas comunes para todos, condición sin la cual es imposible la existencia pacífica. Esto lo sustenta ampliamente con referentes como Weber, Marx y Hayek, entre otros.

El libro presenta un análisis específico de las monarquías española, francesa y rusa, así como de las aristocracias de Hungría, Polonia y Dinamarca observando las variaciones en niveles de absolutismo, libertad y cohesión social.

Pero una de las partes más valiosas es la descripción detallada de la cohesión social en Inglaterra que fue determinante para la construcción de un Estado con instituciones sólidas y que le valió ser la potencia mundial del siglo XVIII. Un profundo sentido de solidaridad entre clases sociales, nobles acostumbrados a sentarse a la misma mesa con sus vasallos para tratar temas comunes, un parlamento con representación de todos los sectores, ciudadanos políticamente activos principalmente en el sistema de justicia y un gobierno con respeto y apoyo de su pueblo.

En mis propias conclusiones sobre lo aprendido del libro opino que el contrato social es clave en la construcción de Estados modernos. Las condiciones necesarias de igualdad, no se refiere a una distribución igual de riqueza. Siempre el que más tiene podrá dar trabajo al que tiene menos. La igualdad social se refiere a la oportunidad de las personas de escoger en qué trabajar e invertir para proveerse su propio desarrollo individual sin afectar el derecho de los demás, pero sin que el Estado proteja legalmente industrias o personas específicas por intereses políticos, o económicos personales. Cuando hay igualdad cada persona acumulará diferentes niveles de riqueza según su esfuerzo y talentos.

Sin duda el ejemplo de Inglaterra es aplicable en la actualidad y eso es el valioso y vigente aporte del libro. El derecho natural, la integración social, instituciones fiscalizadoras y el principio de legalidad, son aspectos ya considerados en la constitución política de la República de Guatemala, nuestro contrato social, que lejos de reformarlo hace falta únicamente desarrollar la constitución y aplicarla en toda su amplitud.

El desafío político en Guatemala es la actitud. Actitud del que llega al cargo en ser honesto e integro consigo mismo y con el pueblo al que sirve; actitud en el pueblo que al funcionario que elija o nombre el sistema lo apoye y fiscalice sin difamar o calumniar amparados en el anonimato que las redes sociales proveen a todo ciudadano.

Guatemala tiene las condiciones del principio de legalidad para fortalecer el Estado y sus instituciones para poder servir a la población. Debemos cuidarnos de no condenar instituciones por las personas que ocupan (hoy) los cargos. Nuestras instituciones son las columnas del contrato social, sí, incluyendo la Corte de Constitucionalidad. Existen procesos para seleccionar ciudadanos a estos cargos. El desacuerdo con estos procesos no hace a nuestras instituciones inoperantes, fallidas u objeto de reforma, es la actitud de cada persona en relación a su abnegación por servir con integridad al país y renunciar a proveerse para sí privilegios, influencias o ganancias deshonestas.






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