Si un gobierno actúa en la legalidad y se adelanta a satisfacer las dudas con ágil estrategia de información es posible que la protesta sea suspendida.
La protesta es el último recurso que tiene la ciudadanía para expresar desacuerdo con sus autoridades en cualquier país democrático. No debe ser vista como problema sino como herramienta para mejorar la gestión pública.
Ante un anuncio de protestas ciudadanas, mal planteado estaría el problema si la pregunta fuera ¿cómo evitamos la protesta? Lo democrático y que evidencia eficiente servicio público sería ¿Cómo satisfacemos las dudas de los sectores?
Si un gobierno actúa en la legalidad y se adelanta a satisfacer las dudas con ágil estrategia de información es posible que la protesta sea suspendida.
Un problema mal planteado produce estrategias erradas, como deslegitimar la protesta al relacionarla con ideologías, desestabilización, calificarla como intento de golpe de estado al extremo de pedir ayuda internacional contra la propia ciudadanía a la que se sirve. Se corre el riesgo de ver la expresión ciudadana como amenaza y al pueblo como enemigo. Se agrava si tales interpretaciones se realizan con el fin de ocultar actos de corrupción.
La protesta debe esperar una respuesta conforme a la constitución vigente y el estado de derecho. Las acciones a tomar por las autoridades incluida la represión, de ser necesaria, habrá de ser en los mismos parámetros, pero además bajo el principio de proporcionalidad. La violencia y sus delitos derivados, en ambas partes, no tienen cabida y son punibles. La solución inicia con la actitud de buscar el consenso.
El argumento que el gobierno reprime con exceso de fuerza pierde buena parte de su validez si los manifestantes agreden a las autoridades, los bienes públicos/privados y si realizan la protesta armados con objetos para agredir o armas de fuego.
Un gobierno no debería desestimar el sentir ciudadano expresado por medio de una protesta. Considerarla desestabilizadora o que responde a ideologías es absurdo cuando los hechos por los que se pide explicación o cambios caen por su peso. La comunicación y saber comunicar es clave para evitar que la ciudadanía acuda a su derecho de protestar.
Una protesta hace presión. Pero es aventurado calificarla que tiene el objetivo de romper el orden constitucional especialmente si está programada para durar unas horas, el objetivo ha sido anunciado y es pacífica. Pedir la renuncia de un funcionario no implica intención de rompimiento de orden vigente.
Actos vandálicos durante la protesta desvirtúan su legitimidad y legalidad. Hacen perder apoyo de otros ciudadanos y contribuye a fortalecer la causa que defiende el gobierno contra el que se realiza la protesta.
Que un gobierno realice autosabotaje contra sí, infiltre supuestos participantes para realizar actos vandálicos es vil y una práctica antiética de ejercer poder al manipular los eventos y la opinión nacional e internacional. Es ilegal y cobarde.
Que una facción, grupo u organización con claros intereses particulares, provoque a la autoridad legal para producir caos y descrédito al gobierno también es vil, cobarde y allana una intención desestabilizadora. Es ilegal y punible.
Si un gobierno da marcha atrás en una disposición por la cual se realizó una protesta, habrá reconocido que algo se pudo haber hecho mejor. Es muestra de madurez política y prioridad al interés nacional. Empero incluso para ello existe un debido proceso.
Si la ciudadanía desiste de protestar por notar buena voluntad política de sus autoridades, entonces el Estado está evolucionando hacia la conformación de la nación.
Para ambas partes, cualquiera que haya resultado con la razón a su favor, debe evitar continuar hasta humillar o encarcelar si no existe delito. Logrado el acuerdo es necesario continuar en diálogo para consolidar el acuerdo obtenido y construir juntos (unidad conceptual y unidad de esfuerzo).
Un funcionario no debe abandonar su cargo por caprichos o información no comprobada por el debido proceso legal.
Los golpes de Estado blandos o revoluciones de colores documentados por Gene Sharp han sido relacionados con eventos políticos alrededor del mundo donde gobiernos fueron depuestos mediante renuncia, proceso legal o revolución. Se atribuye a una entidad con poder, nacional o supra-nacional, el patrocinio para los medios que “convenzan” a la masa de población que realiza protestas y a los grupos extremistas para que cometen los actos vandálicos.
Aunque estudios puedan demostrar que estos patrocinios e intereses son reales ¿no requieren de un contexto particular de crisis en el país para influenciar? Los ciudadanos no son seres inertes, no pensantes o estúpidos que cual robots obedecen la orden de un mensaje difundido en una aplicación para teléfonos móviles. Ya están viviendo una situación difícil.
Eso explica las grandes multitudes que desde 2010 y con más realce en Latinoamérica en 2019 salieron a las calles a exigir cambios que al final se han ido concretando. Vandalismo estuvo presente también y pudo haber sido subrepticiamente financiado, pero necesitó del contexto social de corrupción y hastío general para que un ciudadano escoja delinquir a cambio de un poco de dinero.
Se trata de explicar que la crisis social y la corrupción gubernamental superan al supuesto plan desestabilizador como impulso principal de la protesta. Existen los intereses particulares de por medio pero no supera la crisis social en la que se encuentra sumida la masa de ciudadanos que protesta. La evidencia de este argumento es el estado político-social actual de los países donde se realizaron protestas desde 2019 en Latinoamérica.
Incluso las protestas llegaron a países como los Estados Unidos de América donde la protesta ciudadana legítima, que sufrió vandalismo también, fue coherente con el resultado electoral para la presidencia a partir del año 2021. Todos los eventos descritos evidencian que la mayoría, el pueblo pidió un cambio.
El sentir ciudadano expresado en protesta y vuelto realidad por el ejercicio del voto, característico de la democracia, es el nuevo poder que hoy surge aunque existió desde siempre. Los grupos de interés lo relacionan con ideologías e intentos de extintos socialismos y hasta comunismos. Incluso Estados hoy conocidos como socialismos aplican principios liberales y capitalistas. Eso sí a su propia conveniencia, en detrimento del interés general de la población y con autoritarismo, fraude y corrupción.
La historia demostró que el método de gobierno ideal se basa en la existencia del derecho natural del hombre y su libertad para producir y gozar de su propiedad. Estos principios moldean y rigen las democracias y otras formas de gobernar.
El árbitro de cada Estado es su propia constitución. Las corrientes políticas, de cualquier color, no pueden salirse de la constitución. Son los grupos de interés que actúan en ilegalidad y que fomentan la corrupción los que deberán de desaparecer mediante Estados judicialmente sólidos.
En Guatemala, a raíz de las medidas de confinamiento por el COVID-19 que implicaron uso de fondos gubernamentales, surgieron reclamos públicos por supuesta corrupción gubernamental. Por una ineficaz estrategia de comunicación la información tardó, llegó incompleta o no hubo aclaración.
El presupuesto que propuso el organismo ejecutivo y aprobado por el congreso profundizó las dudas, que al ser desatendidas, llevaron a la ciudadanía a programar protestas para exigir aclaración, revisión o revocatoria de lo que creyeron ilegal o en favor de la corrupción.
Al 23 de noviembre de 2020, luego de protestas pacíficas unas y con actos vandálicos otras, el congreso ha dejado en suspenso el presupuesto para 2021. Es un escenario de capturados, denuncias de exceso gubernamental de fuerza policial, denuncias en medios de comunicación de desestabilización y golpe de Estado e incluso hasta la ridícula medida gubernamental de pedir a la OEA que intervenga porque teme que el pueblo atente contra la democracia, comparándolo con un enemigo del Estado.
Las peticiones, las soluciones y respuestas que los gobernantes provean a sus gobernados, darán estabilidad al país si se realizan en el marco del orden constitucional, el estado de derecho, en apego a la ley y al debido proceso. Los ciudadanos habrán de abstenerse únicamente de lo que la ley prohíbe.
Dentro de estos parámetros no hay límites para pedir, otorgar y actuar en favor de juntos promover la unidad conceptual y la unidad de esfuerzo que conduzca al desarrollo y evolución del país.
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