Si un gobierno actúa en la legalidad y se adelanta a satisfacer las dudas con ágil estrategia de información es posible que la protesta sea suspendida.
La
protesta es el último recurso que tiene la ciudadanía para expresar desacuerdo
con sus autoridades en cualquier país democrático. No debe ser vista como
problema sino como herramienta para mejorar la gestión pública.
Ante un anuncio de protestas ciudadanas,
mal planteado estaría el problema si la pregunta fuera ¿cómo evitamos la
protesta? Lo democrático y que evidencia eficiente servicio público sería ¿Cómo
satisfacemos las dudas de los sectores?
Si un gobierno actúa en la legalidad y se adelanta a satisfacer
las dudas con ágil estrategia de información es posible que la protesta sea
suspendida.
Un problema mal planteado produce
estrategias erradas, como deslegitimar la protesta al relacionarla con
ideologías, desestabilización, calificarla como intento de golpe de
estado al extremo de pedir ayuda internacional contra la propia ciudadanía a la
que se sirve. Se corre el riesgo de ver la expresión ciudadana como amenaza y
al pueblo como enemigo. Se agrava si tales interpretaciones se realizan con el
fin de ocultar actos de corrupción.
La protesta debe esperar una respuesta
conforme a la constitución vigente y el estado de derecho. Las acciones a tomar
por las autoridades incluida la represión, de ser necesaria, habrá de ser en
los mismos parámetros, pero además bajo el principio de proporcionalidad. La
violencia y sus delitos derivados, en ambas partes, no tienen cabida y son
punibles. La solución inicia con la actitud de buscar el consenso.
El argumento que el gobierno reprime con
exceso de fuerza pierde buena parte de su validez si los manifestantes agreden
a las autoridades, los bienes públicos/privados y si realizan la protesta
armados con objetos para agredir o armas de fuego.
Un gobierno no debería desestimar el
sentir ciudadano expresado por medio de una protesta. Considerarla
desestabilizadora o que responde a ideologías es absurdo cuando los hechos por
los que se pide explicación o cambios caen por su peso. La comunicación y saber
comunicar es clave para evitar que la ciudadanía acuda a su derecho de
protestar.
Una protesta hace presión. Pero es
aventurado calificarla que tiene el objetivo de romper el orden constitucional
especialmente si está programada para durar unas horas, el objetivo ha sido
anunciado y es pacífica. Pedir la renuncia de un funcionario no implica intención
de rompimiento de orden vigente.
Actos vandálicos durante la protesta
desvirtúan su legitimidad y legalidad. Hacen perder apoyo de otros ciudadanos y
contribuye a fortalecer la causa que defiende el gobierno contra el que se
realiza la protesta.
Que un gobierno realice autosabotaje contra
sí, infiltre supuestos participantes para realizar actos vandálicos es vil y
una práctica antiética de ejercer poder al manipular los eventos y la opinión
nacional e internacional. Es ilegal y cobarde.
Que una facción, grupo u organización con
claros intereses particulares, provoque a la autoridad legal para producir caos
y descrédito al gobierno también es vil, cobarde y allana una intención
desestabilizadora. Es ilegal y punible.
Si un gobierno da marcha atrás en una
disposición por la cual se realizó una protesta, habrá reconocido que algo se
pudo haber hecho mejor. Es muestra de madurez política y prioridad al interés
nacional. Empero incluso para ello existe un debido proceso.
Si la ciudadanía desiste de protestar por
notar buena voluntad política de sus autoridades, entonces el Estado está
evolucionando hacia la conformación de la nación.
Para ambas partes, cualquiera que haya resultado
con la razón a su favor, debe evitar continuar hasta humillar o encarcelar si
no existe delito. Logrado el acuerdo es necesario continuar en diálogo para consolidar
el acuerdo obtenido y construir juntos (unidad conceptual y unidad de esfuerzo).
Un funcionario no debe abandonar su cargo
por caprichos o información no comprobada por el debido proceso legal.
Los golpes de Estado blandos o
revoluciones de colores documentados por Gene Sharp han sido relacionados con
eventos políticos alrededor del mundo donde gobiernos fueron depuestos mediante
renuncia, proceso legal o revolución. Se atribuye a una entidad con poder,
nacional o supra-nacional, el patrocinio para los medios que “convenzan” a la
masa de población que realiza protestas y a los grupos extremistas para que
cometen los actos vandálicos.
Aunque estudios puedan demostrar que estos
patrocinios e intereses son reales ¿no requieren de un contexto particular de
crisis en el país para influenciar? Los ciudadanos no son seres inertes, no
pensantes o estúpidos que cual robots obedecen la orden de un mensaje difundido
en una aplicación para teléfonos móviles. Ya están viviendo una situación
difícil.
Eso explica las grandes multitudes que
desde 2010 y con más realce en Latinoamérica en 2019 salieron a las calles a
exigir cambios que al final se han ido concretando. Vandalismo estuvo presente
también y pudo haber sido subrepticiamente financiado, pero necesitó del contexto social de corrupción y hastío
general para que un ciudadano escoja delinquir a cambio de un poco de dinero.
Se trata de explicar que la crisis social
y la corrupción gubernamental superan al supuesto plan desestabilizador como impulso
principal de la protesta. Existen los intereses particulares de por medio pero
no supera la crisis social en la que se encuentra sumida la masa de ciudadanos
que protesta. La evidencia de este argumento es el estado político-social
actual de los países donde se realizaron protestas desde 2019 en Latinoamérica.
Incluso las protestas llegaron a países
como los Estados Unidos de América donde la protesta ciudadana legítima, que sufrió
vandalismo también, fue coherente con el resultado electoral para la presidencia
a partir del año 2021. Todos los eventos descritos evidencian que la mayoría,
el pueblo pidió un cambio.
El sentir ciudadano expresado en protesta
y vuelto realidad por el ejercicio del voto, característico de la democracia,
es el nuevo poder que hoy surge aunque existió desde siempre. Los grupos de
interés lo relacionan con ideologías e intentos de extintos socialismos y hasta
comunismos. Incluso Estados hoy conocidos como socialismos aplican principios
liberales y capitalistas. Eso sí a su propia conveniencia, en detrimento del interés
general de la población y con autoritarismo, fraude y corrupción.
La historia demostró que el método de
gobierno ideal se basa en la existencia del derecho natural del hombre y su libertad
para producir y gozar de su propiedad. Estos principios moldean y rigen las democracias
y otras formas de gobernar.
El árbitro de cada Estado es su propia
constitución. Las corrientes políticas, de cualquier color, no pueden salirse
de la constitución. Son los grupos de interés que actúan en ilegalidad y que
fomentan la corrupción los que deberán de desaparecer mediante Estados
judicialmente sólidos.
En Guatemala, a raíz de las medidas de confinamiento
por el COVID-19 que implicaron uso de fondos gubernamentales, surgieron
reclamos públicos por supuesta corrupción gubernamental. Por una ineficaz
estrategia de comunicación la información tardó, llegó incompleta o no hubo aclaración.
El presupuesto que propuso el organismo
ejecutivo y aprobado por el congreso profundizó las dudas, que al ser
desatendidas, llevaron a la ciudadanía a programar protestas para exigir aclaración,
revisión o revocatoria de lo que creyeron ilegal o en favor de la corrupción.
Al 23 de noviembre de 2020, luego de
protestas pacíficas unas y con actos vandálicos otras, el congreso ha dejado en
suspenso el presupuesto para 2021. Es un escenario de capturados, denuncias de
exceso gubernamental de fuerza policial, denuncias en medios de comunicación de
desestabilización y golpe de Estado e incluso hasta la ridícula medida gubernamental
de pedir a la OEA que intervenga porque teme que el pueblo atente contra la
democracia, comparándolo con un enemigo del Estado.
Ante tal
escenario, corresponde a los poderes del Estado, convocar al diálogo, combatir
la corrupción y satisfacer todas las dudas sobre ilegalidades. Una solución tan
simple y a la vez tan compleja pero factible, conducente y que será aceptable.
Todos los
sectores públicos deben aceptar de buena manera la fiscalización y la crítica y
desarrollar eficaces estrategias de comunicación que expliquen y aclaren a la
ciudadanía sus procedentes dudas sobre la gestión administrativa de los tres
poderes del Estado.
Las peticiones, las soluciones y
respuestas que los gobernantes provean a sus gobernados, darán estabilidad al
país si se realizan en el marco del orden constitucional, el estado de derecho,
en apego a la ley y al debido proceso. Los ciudadanos habrán de abstenerse únicamente
de lo que la ley prohíbe.
Dentro de estos parámetros no
hay límites para pedir, otorgar y actuar en favor de juntos promover la unidad conceptual y
la unidad de esfuerzo que conduzca al desarrollo y evolución del país.
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