La seguridad hídrica comienza antes del conflicto

Gobernar el agua para construir paz, desarrollo y seguridad en Guatemala

Durante décadas, cuando se hablaba de agua y seguridad, una pregunta aparecía inevitablemente: ¿llegarán las sociedades o los Estados a disputar violentamente este recurso? La pregunta tiene sentido. El agua es indispensable para la supervivencia humana, la producción de alimentos, la generación de energía, la actividad industrial, los ecosistemas y buena parte de la economía. Ríos, lagos y acuíferos tampoco obedecen fronteras políticas: atraviesan territorios, conectan comunidades y, en muchos casos, vinculan a diferentes Estados.

Sin embargo, quizá hemos formulado la pregunta desde el lugar equivocado. La política de seguridad hídrica más eficaz no consiste en prepararse para disputar el agua cuando escasee. Consiste en construir, mucho antes, instituciones capaces de impedir que la escasez, la contaminación, la distribución desigual o la competencia legítima por su utilización se transformen en factores de conflictividad.

Ese cambio de perspectiva es particularmente pertinente para Guatemala. Nuestra Constitución resolvió hace décadas una cuestión fundamental. El artículo 127 establece que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, y ordena que su aprovechamiento, uso y goce sean regulados conforme al interés social mediante una ley específica. El artículo 128 añade que el aprovechamiento de lagos y ríos destinado al desarrollo económico nacional debe estar al servicio de la comunidad y no de una persona particular.

La cuestión constitucional esencial, por tanto, no es solamente a quién pertenece el agua. Es cómo gobernarla. Y esa pregunta continúa abierta. En agosto y septiembre de 2026 el Congreso conoció, entre otras propuestas, la iniciativa 6816, denominada Ley de Aguas, y la iniciativa 6834, Ley General para la Gestión Integral y Sostenible del Recurso Hídrico. Ambas han colocado nuevamente en la discusión pública un asunto que Guatemala ha postergado durante décadas.

Pero quizá la importancia histórica de una futura legislación sobre el agua no deba juzgarse únicamente por la institución que cree, los permisos que regule o las competencias que distribuya. Hay una dimensión adicional: una buena institucionalidad hídrica es también infraestructura para la paz.

El agua no produce automáticamente conflictos

Conviene comenzar eliminando una simplificación. La escasez de agua no conduce inevitablemente a la violencia. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2024, dedicado precisamente a Agua para la prosperidad y la paz, señala que el agua no aparece como uno de los principales detonantes directos de conflictos. La relación es bastante más compleja.

La inseguridad hídrica interactúa con pobreza, desigualdad, deterioro ambiental, desplazamientos, inseguridad alimentaria, competencia económica y debilidad institucional. Cuando el agua está bien gestionada y sus beneficios son distribuidos de manera razonablemente equitativa, puede favorecer cooperación, prosperidad y estabilidad. Cuando es escasa, está contaminada o su acceso se percibe como profundamente inequitativo, puede exacerbar desigualdades y aumentar tensiones preexistentes.

Esta diferencia es fundamental. Una sequía no genera necesariamente violencia. Pero una sequía que destruye cosechas puede disminuir ingresos rurales. La pérdida de ingresos puede provocar endeudamiento, inseguridad alimentaria o desplazamientos. Una población desplazada puede presionar servicios públicos y mercados laborales en otros territorios. Si simultáneamente existen disputas por acceso a fuentes de agua y las instituciones son incapaces de ofrecer respuestas legítimas, el problema ambiental puede convertirse en económico; el económico, en social; y el social, finalmente, en político.

Hace algunos años desarrollé precisamente esa cadena en una presentación sobre los recursos hídricos y su relación con la paz y la seguridad: escasez, reducción de productividad agrícola, desempleo y migración podían vincularse posteriormente con inseguridad alimentaria y nuevas vulnerabilidades sociales. No se trataba —ni se trata ahora— de afirmar una causalidad inevitable. Se trata de reconocer una acumulación de riesgos. Y allí comienza propiamente la responsabilidad del Estado.

Guatemala no enfrenta solamente un problema de agua

Guatemala tiene una característica que puede parecer paradójica. El país posee importantes recursos hídricos, pero disponibilidad física de agua y seguridad hídrica no son conceptos equivalentes. Ya en el análisis que realicé años atrás aparecía esa contradicción: disponibilidad natural considerable coexistía con distribución territorial desigual, contaminación, presión demográfica sobre determinadas zonas y dificultades de gestión.

Algunas cifras de aquella presentación corresponden a fuentes antiguas y no deberían utilizarse hoy sin actualización. Pero la pregunta estructural permanece vigente: ¿Cómo puede un país con recursos hídricos experimentar simultáneamente problemas de acceso, contaminación, disponibilidad estacional y competencia creciente entre diferentes usos?

La respuesta conduce inevitablemente hacia la gobernanza. No basta con que exista agua. Debe conocerse dónde está, cuánto existe realmente, cuál es su calidad, cuánto puede extraerse sosteniblemente, quién la utiliza, cuáles ecosistemas dependen de ella y qué ocurre con el agua después de haber sido utilizada. Debe existir además capacidad institucional para decidir entre necesidades que son todas, en principio, legítimas.

Agua para consumo humano, agua para saneamiento, agua para agricultura, agua para generación energética, agua para industria, agua para los ecosistemas, agua para nuevas ciudades que continúan creciendo. Precisamente por eso una de las conclusiones de aquella reflexión identificaba como retos simultáneos para Guatemala el agua y saneamiento, agua y energía, adaptación climática y gestión del riesgo, seguridad alimentaria, industria, gobernanza y financiamiento. El problema nunca fue únicamente ambiental. Era —y continúa siendo— un problema de Estado.

Gobernar significa decidir antes de que aparezca el conflicto

Una sociedad políticamente madura no espera hasta que dos comunidades se enfrenten por una fuente de agua para preguntarse quién tenía derecho a utilizarla. Tampoco espera hasta que un acuífero se encuentre sobreexplotado para determinar cuánto podía extraerse. Ni debería esperar hasta que un río esté gravemente contaminado para decidir quién debía controlar las descargas.

La gobernanza consiste precisamente en anticipar esas tensiones. Aquí resulta útil recuperar la idea aristotélica de phrónesis: la prudencia práctica que permite deliberar correctamente sobre aquello que puede ocurrir y decidir teniendo en cuenta circunstancias concretas. Gobernar prudentemente el agua implica aceptar que los conflictos futuros no pueden predecirse con exactitud, pero que sí pueden identificarse condiciones que aumentan su probabilidad.

Una autoridad hídrica —cualquiera sea finalmente el modelo institucional que Guatemala adopte— debería por ello hacer algo más que autorizar aprovechamientos. Debería producir información confiable, anticipar presiones, coordinar autoridades, establecer prioridades transparentes, monitorear calidad y disponibilidad, prevenir sobreexplotación y proporcionar procedimientos legítimos para resolver controversias. Es decir: debería administrar conflictos antes de que estos existan como conflictos.

El derecho al agua y el derecho de los demás

Existe además una dimensión jurídica y ética que no puede reducirse al análisis económico. Naciones Unidas reconoce el derecho humano al agua como indispensable para vivir dignamente y como condición para el ejercicio de otros derechos. Este exige disponibilidad suficiente, seguridad, aceptabilidad, accesibilidad física y asequibilidad, sin discriminación. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también vincula expresamente contaminación, agotamiento y distribución desigual con la profundización de situaciones de pobreza.

Pero reconocer el derecho humano al agua no elimina automáticamente los dilemas distributivos. Precisamente los hace más exigentes. ¿Cómo se prioriza el consumo humano frente a otros usos durante una escasez severa? ¿Cómo se protege a una comunidad cuyo abastecimiento depende de una fuente utilizada también para actividades económicas? ¿Cómo se compatibiliza la agricultura necesaria para producir alimentos con la conservación de los acuíferos? ¿Cómo se reconoce la gestión comunitaria del agua sin renunciar a estándares sanitarios y ambientales? ¿Cómo se distribuyen los costos de proteger las cuencas entre quienes viven en ellas y quienes se benefician de sus servicios muchos kilómetros después?

No existe una respuesta matemática para todas esas preguntas. Por eso se necesitan instituciones. La justicia distributiva, desde Aristóteles, nunca significó simplemente entregar cantidades idénticas a todos. Significa establecer razones justificables para distribuir bienes, obligaciones y cargas diferentes. Y desde una perspectiva kantiana, existe además un límite moral: ninguna persona puede ser tratada meramente como instrumento del bienestar de otras. Trasladado al agua, ello significa que el desarrollo económico es legítimo y necesario, pero no puede descansar indefinidamente sobre la exclusión de comunidades del acceso indispensable para una existencia digna.

Las instituciones transforman disputas en decisiones

Este punto puede ser decisivo para entender la relación entre agua y paz. Los intereses contrapuestos son normales en cualquier sociedad. Una comunidad quiere proteger una fuente, un productor necesita irrigar, una industria requiere agua para operar, una municipalidad necesita garantizar abastecimiento urbano, una hidroeléctrica necesita determinado caudal, una comunidad río abajo necesita que ese caudal continúe existiendo.

El conflicto de intereses no constituye, por sí mismo, una falla democrática. La falla aparece cuando no existen reglas aceptadas para resolverlo. El Estado de Derecho tiene precisamente la función de transformar la fuerza en procedimiento.

Cuando existen información pública, normas conocidas, autoridades legítimas, participación de los afectados, procedimientos de impugnación y decisiones técnicamente justificadas, dos intereses incompatibles pueden convertirse en un expediente administrativo o en una controversia jurídica. Cuando esas instituciones no existen o carecen de credibilidad, la disputa busca otros canales.

• Presión política.
• Bloqueos.
• Movilización.
• Medidas de hecho.
• Enfrentamiento entre comunidades.
• Judicialización permanente.
• En los escenarios extremos, violencia.

Por ello una ley de aguas no debe concebirse únicamente como legislación regulatoria. Es también una arquitectura institucional para gestionar pacíficamente intereses contrapuestos.

La seguridad hídrica

Cuando utilizamos el concepto de seguridad es necesario hacer una precisión. Considerar el agua como asunto de seguridad no significa trasladarla automáticamente al ámbito policial o militar ni presentar a quienes compiten por ella como amenazas. Sería una comprensión demasiado estrecha. La seguridad hídrica comienza mucho antes. Empieza cuando una familia dispone de agua segura, cuando un agricultor puede planificar su producción, cuando una ciudad conoce la capacidad de su acuífero, cuando una industria sabe cuáles son las reglas para utilizar y devolver agua al ambiente, cuando una comunidad conoce sus derechos, cuando el Estado dispone de información suficiente para anticipar una crisis, cuando una sequía no sorprende a instituciones que ya conocían el riesgo, cuando una controversia posee un procedimiento legítimo para resolverse.

Eso es seguridad.

El agua suele vincularse simultáneamente con empleo, salud, ambiente, cambio climático, fenómenos naturales, industria e intereses nacionales. Esa mirada sigue siendo válida si ampliamos el concepto de seguridad. Un país es más seguro no solamente cuando posee capacidad para responder a amenazas, sino cuando reduce las vulnerabilidades que permiten que esas amenazas produzcan daño.

Las fronteras tampoco detienen el agua

Hay otra dimensión inevitable. Los ríos, lagos y acuíferos no respetan fronteras nacionales. Esta es una realidad geopolítica y vincula las presiones hídricas con crecimiento demográfico, urbanización, cambios en el uso de la tierra, calentamiento global y necesidades crecientes de desarrollo. Para Guatemala, situada en una región de cuencas compartidas, esto obliga a pensar el agua también como instrumento de política exterior.

Pero nuevamente conviene invertir la lógica. Una cuenca compartida no es solamente una posible fuente de disputa. También puede convertirse en una plataforma permanente de cooperación. Compartir información hidrológica, coordinar sistemas de alerta, proteger zonas de recarga, controlar contaminación, gestionar sequías, establecer procedimientos de consulta, crear mecanismos técnicos conjuntos.

Todas estas acciones producen algo adicional al manejo del recurso: crean relaciones institucionales entre Estados. UNESCO documenta precisamente experiencias en las que la cooperación hídrica ha contribuido a reducir tensiones, resolver controversias y construir relaciones más estables entre comunidades y países. El agua puede ser objeto de competencia. Pero puede también ser una razón para cooperar.

Una oportunidad constitucional para Guatemala

La discusión legislativa que Guatemala atraviesa en 2026 ofrece, por ello, una oportunidad mayor de lo que parece. No estamos discutiendo únicamente una nueva ley sectorial. Estamos decidiendo cómo se relacionarán durante las próximas décadas ciudadanos, comunidades, municipalidades, empresas y Estado alrededor de un recurso sin el cual ninguno puede existir. La Constitución ya estableció el principio: las aguas son bienes de dominio público y su utilización debe responder al interés social.

Lo difícil comienza después. Una futura legislación necesitará transformar ese principio constitucional en instituciones efectivas. Deberá establecer competencias comprensibles, evitar duplicidades, reconocer realidades territoriales y comunitarias, proteger el consumo humano, permitir actividades productivas legítimas, generar certeza jurídica, proteger ecosistemas, crear información pública confiable, prever mecanismos de coordinación y resolución de controversias y, especialmente, contar con capacidades técnicas y financieras suficientes para que lo escrito pueda cumplirse.

Porque existe un riesgo conocido en nuestras administraciones públicas: crear instituciones jurídicamente ambiciosas pero materialmente incapaces de ejercer las competencias que se les atribuyen. Una ley puede ordenar una autoridad. No puede, por sí sola, crear capacidad estatal.

Gobernar el agua es gobernar el futuro

En diciembre de 2026, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua reunirá en Abu Dabi a gobiernos, sociedad civil, empresas y organismos internacionales alrededor del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Uno de sus diálogos estará dedicado precisamente al agua para la cooperación. Naciones Unidas recuerda que 2,100 millones de personas continúan sin servicios de agua potable gestionados de forma segura y 3,400 millones carecen de saneamiento gestionado de forma segura.

Guatemala llegará a ese debate global mientras discute todavía su propia arquitectura institucional. No necesariamente constituye una desventaja. Puede ser una oportunidad para aprender de una conclusión que la experiencia internacional parece reforzar: la seguridad hídrica se construye antes de la crisis. Se construye en las normas, en los municipios, en las comunidades, en la protección de las cuencas, en la información científica. en el saneamiento, en las inversiones, en la agricultura, en la cooperación internacional, y sobre todo, en instituciones capaces de producir decisiones legítimas cuando diferentes intereses compiten por un mismo recurso.

Años atrás, al estudiar la relación entre recursos hídricos, paz y seguridad, llegué a colocar entre las conclusiones necesarias la inversión en agua, la gestión integrada de los recursos hídricos y del riesgo, la gobernanza y la gobernabilidad.

Hoy reformularía aquella idea. No basta con defender los recursos hídricos. Tenemos que gobernarlos. Porque una sociedad que espera hasta que el agua genere conflicto ha comenzado demasiado tarde. La mejor política de seguridad hídrica no consiste en prepararnos para disputar mañana aquello que hoy todavía podemos gestionar mediante instituciones, acuerdos, información y Derecho. Consiste precisamente en evitar que tengamos que disputarlo. Y quizá allí se encuentre la relación más profunda entre agua y paz: la paz no comienza cuando termina un conflicto por los recursos. Comienza cuando existen instituciones suficientemente justas y eficaces para impedir que ese conflicto llegue a producirse.

Fuentes de referencia

• Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 127 y 128.

• Congreso de la República de Guatemala, iniciativas 6816, Ley de Aguas, y 6834, Ley General para la Gestión Integral y Sostenible del Recurso Hídrico, 2026.

• UNESCO/Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2024: Agua para la prosperidad y la paz.

• Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026.

• Cifuentes, Ismael A., Recursos hídricos y su relación con la paz y seguridad: consideraciones pertinentes para la planificación de Defensa. Presentación utilizada como antecedente conceptual de este artículo.

El Estado atrapado en sus propios controles

Transparencia, sistemas, inteligencia artificial y responsabilidad en la gestión pública

Hay una forma de ineficiencia estatal de la que se habla mucho menos que de la corrupción, el despilfarro o la improvisación: aquella que puede producirse precisamente cuando una institución intenta cumplir correctamente con todas las reglas.

Una dependencia pública puede haber identificado una necesidad real, disponer de presupuesto, justificar técnicamente el gasto, iniciar oportunamente el procedimiento correspondiente y contar incluso con la voluntad administrativa para ejecutarlo. Sin embargo, basta que una autorización externa llegue tarde, que un sistema informático no permita completar una operación dentro del período establecido, que otro órgano formule sucesivas observaciones o que una decisión permanezca semanas esperando revisión para que el procedimiento ya no pueda concluir dentro del ejercicio fiscal.

El resultado administrativo será visible: presupuesto no ejecutado, una contratación que no se concretó, un proceso de fortalecimiento institucional que quedó pendiente o recursos que finalmente regresaron al fondo común.

Lo que normalmente no será visible es por qué ocurrió. Y allí existe un problema de gobernanza que merece examinarse.

Durante muchos años Guatemala ha fortalecido —con razón— los controles sobre el gasto público. La transparencia, adquisiciones, sistemas electrónicos, dictámenes técnicos y financieros, publicidad de los procedimientos y fiscalización constituyen avances institucionales que deben preservarse.

La pregunta no consiste, por tanto, en regresar a una administración con menos controles. La pregunta es mucho más compleja: ¿Qué sucede cuando la acumulación de controles, sistemas, plazos, autorizaciones y decisiones distribuidas comienza a reducir la capacidad del propio Estado para cumplir las finalidades que esos controles pretenden proteger?

Y hoy debemos añadir otra pregunta: ¿Qué ocurrirá cuando sobre esa arquitectura administrativa comencemos a incorporar inteligencia artificial? Porque automatizar una administración no necesariamente significa mejorarla. En determinadas circunstancias puede significar simplemente hacer más rápido, más rígido y menos visible un problema que ya existía.

La paradoja del buen administrador

La administración pública vive permanentemente entre dos obligaciones. Por una parte, debe proteger recursos que pertenecen a los ciudadanos. Cada quetzal administrado por una institución pública proviene del esfuerzo de la sociedad y debe utilizarse conforme a la ley, con transparencia, economía y responsabilidad.

Pero, por otra parte, el funcionario también tiene la obligación de producir resultados. No basta con evitar la corrupción si simultáneamente se construye una administración incapaz de ejecutar políticas públicas, adquirir oportunamente los bienes que necesita, incorporar los recursos humanos indispensables o materializar decisiones que ya han sido legalmente adoptadas.

La Constitución guatemalteca ofrece un punto de partida particularmente importante. Su artículo 154 establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial y sujetos a la ley. Añade que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado. Y establece además un principio de especial importancia para la discusión tecnológica contemporánea: la función pública no es delegable, salvo los casos señalados por la ley.

Ese mandato constitucional obliga a mirar la administración desde dos perspectivas simultáneas: La primera es la de la sujeción a la norma, la segunda es la de la responsabilidad por la función ejercida.

El cumplimiento formal constituye una parte esencial de la función pública, pero la razón de ser de la administración es convertir las decisiones legítimas del Estado en resultados concretos para la sociedad.

Aquí aparece una tensión que Aristóteles habría comprendido bien. La norma general es indispensable, pero la administración de situaciones concretas exige también phrónesis: prudencia, juicio práctico y capacidad para comprender circunstancias particulares.

Ningún sistema normativo puede anticipar perfectamente todas las contingencias de la realidad. Los romanos formularon una advertencia semejante que Cicerón recogió en una expresión conocida: summum ius, summa iniuria. La aplicación extrema de una regla puede terminar contrariando la finalidad de justicia que originalmente pretendía proteger.

Esto no constituye una invitación a incumplir la ley. Significa recordar que el Derecho posee una finalidad y que la buena administración debe buscar simultáneamente legalidad, responsabilidad y eficacia.

Norma, sistema y persona

Gran parte de la gestión pública contemporánea se produce mediante la interacción de tres elementos.

• El primero es la norma: leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos, disposiciones presupuestarias, manuales, circulares, calendarios y procedimientos.
• El segundo es el sistema tecnológico: plataformas presupuestarias, financieras, de adquisiciones, nómina, recursos humanos y gestión documental mediante las cuales esas disposiciones se convierten en operaciones concretas.
• El tercero continúa siendo la persona: el servidor público que recibe un expediente, revisa una solicitud, formula una observación, emite un dictamen, autoriza una operación o habilita el paso siguiente del procedimiento.

Cuando esos tres componentes funcionan coordinadamente, la tecnología aumenta considerablemente la transparencia y la capacidad del Estado. Cuando no lo hacen, generan fricción.

La Ley de Contrataciones del Estado define precisamente a GUATECOMPRAS como un sistema destinado a la transparencia y eficiencia de las adquisiciones públicas y establece su utilización obligatoria para los sujetos comprendidos en la legislación.

El principio es correcto. Pero desde el momento en que el procedimiento jurídico queda incorporado a una plataforma informática, la tecnología deja de ser un simple instrumento auxiliar. Pasa a formar parte material del procedimiento. Una indisponibilidad del sistema, una regla de validación, un cierre temporal o una incompatibilidad entre módulos pueden tener consecuencias administrativas reales.

Aquí conviene hacer una distinción importante.: No todo sistema informático utilizado por el Estado es inteligencia artificial. La mayoría de los sistemas actuales funciona fundamentalmente mediante reglas previamente definidas: si falta determinado requisito, la operación no continúa; si se supera determinada fecha, la opción desaparece; si cierta partida no cumple una condición, la transacción es rechazada.

Eso no es necesariamente inteligencia artificial, pero ya representa una forma de automatización administrativa. Y la experiencia con esta automatización debería enseñarnos algo antes de avanzar hacia sistemas mucho más sofisticados.

Cuando la regla se convierte en código

Una norma jurídica puede contemplar excepciones, interpretación, subsanación, proporcionalidad o circunstancias extraordinarias. Un sistema informático, en cambio, suele operar mediante alternativas discretas: permite o no permite; acepta o rechaza; abre o cierra. Cuando una regla jurídica se traduce a código informático, alguien debe decidir cómo representarla.

Esa decisión aparentemente técnica puede tener efectos administrativos. El programador traduce una norma; el sistema ejecuta esa traducción; el servidor público utiliza el sistema; y la institución termina respondiendo por el resultado. La pregunta entonces es inevitable: ¿Quién responde cuando la norma permite una actuación, pero el sistema no la contempla? ¿Quién responde cuando el procedimiento podría jurídicamente continuar pero una configuración informática lo impide?

¿Quién responde cuando una institución cumplió a tiempo aquello que estaba bajo su responsabilidad, pero otra actuación indispensable se produjo cuando ya había cerrado la ventana tecnológica o presupuestaria? Esta es precisamente la clase de problemas que la transformación digital debería resolver y no reproducir.

La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico ha identificado para 2026 como líneas de trabajo la simplificación y digitalización de trámites, la interoperabilidad, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la implementación del Decreto 5-2021 sobre simplificación de requisitos y trámites administrativos. Este último define simplificación precisamente como la reducción de procedimientos, costos, requisitos y tiempo para conseguir una gestión más ágil y eficiente.

Hay allí una orientación correcta: digitalizar y simplificar deben ocurrir juntas. Porque digitalizar un procedimiento innecesariamente complejo no elimina la burocracia. Puede simplemente convertirla en burocracia electrónica. 

El Estado distribuye decisiones, pero concentra consecuencias. 

Existe además otro problema: Muchas unidades ejecutoras no controlan íntegramente los procedimientos de los cuales depende su ejecución. La propia legislación presupuestaria establece diferentes niveles de autorización para determinadas modificaciones y transferencias. El artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto diferencia aquellas decisiones que pueden realizarse dentro de una institución de aquellas que requieren intervención del Ministerio de Finanzas Públicas u otros instrumentos de autorización.

El mismo fenómeno aparece en materia de recursos humanos. Para la creación de puestos, por ejemplo, la información pública de la Oficina Nacional de Servicio Civil establece como requisito previo la viabilidad financiera otorgada por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Después siguen solicitudes de autoridad nominadora, justificaciones técnicas y legales, clasificación de puestos, estructuras organizacionales y el análisis correspondiente de ONSEC.

Cada intervención puede tener una razón jurídica y técnica perfectamente legítima. El problema aparece cuando la obligación de ejecutar pertenece a una institución, pero algunas de las decisiones indispensables para hacerlo pertenecen a otra. Surge entonces una asimetría. Una unidad ejecutora puede haber iniciado oportunamente el procedimiento y cumplido todas las actuaciones bajo su control, pero permanecer posteriormente a la espera de otra autoridad. Si esa decisión llega cuando la ventana presupuestaria está por cerrarse, el margen para reaccionar puede haber desaparecido. En los registros finales aparecerá una subejecución. Pero la cifra, por sí sola, no contará la historia completa. 

No toda subejecución significa lo mismo

Una alta ejecución presupuestaria no demuestra automáticamente buena gestión. Es posible gastar mucho y gastar mal, pero tampoco toda baja ejecución demuestra necesariamente incapacidad administrativa.

Conviene distinguir conceptualmente entre una subejecución imputable, derivada de mala planificación, negligencia, insuficiente capacidad administrativa o inicio tardío de procedimientos, y una subejecución inducida, que aparece cuando una institución cumplió oportunamente las acciones bajo su responsabilidad pero la ejecución quedó condicionada por autorizaciones, decisiones, sistemas o actuaciones situadas fuera de su esfera de control.

Esta distinción no debe utilizarse como excusa. Debe utilizarse como instrumento de diagnóstico. Si el Estado no distingue las causas de la subejecución, corre el riesgo de corregir al actor equivocado. Puede exigir mayor eficiencia a la unidad que menos capacidad tenía para resolver el cuello de botella. Puede aumentar los controles sobre una institución cuando el problema se encuentra en otra. Puede responsabilizar retrospectivamente a quien gestionó diligentemente un expediente sin examinar cuánto tiempo permaneció detenido en cada etapa. Aquí la tecnología podría convertirse precisamente en parte de la solución.

Los sistemas públicos deberían permitir reconstruir una cadena temporal de responsabilidad: cuándo fue presentada una solicitud, quién la recibió, cuánto tiempo permaneció en análisis, qué observaciones se hicieron, cuándo se subsanaron y qué autoridad tenía competencia para decidir en cada momento. La trazabilidad no debería existir solamente para detectar corrupción. También debería permitir detectar ineficiencia institucional.

El siguiente paso: inteligencia artificial

En este punto aparece la inteligencia artificial. Guatemala ya ha comenzado a trabajar en esa dirección. Durante 2026 se desarrolló un proceso interinstitucional para construir una Estrategia de Inteligencia Artificial del Organismo Ejecutivo, con participación de distintas instituciones y acompañamiento del PNUD. El propósito declarado es orientar una adopción ética, segura y vinculada con la eficiencia y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Además, Guatemala implementó durante 2025-2026 la Metodología de Evaluación del Estadío de Preparación para la Inteligencia Artificial —RAM— de la UNESCO. Según esa organización, fue el primer ejercicio formal de sistematización de una línea base nacional de preparación para la IA en el país.

Es una oportunidad importante. La inteligencia artificial podría ayudar precisamente a resolver algunos de los problemas descritos. Podría identificar expedientes próximos a vencer antes de que sea demasiado tarde. Podría detectar cuellos de botella recurrentes. Podría advertir que a futuro una autorización pendiente comprometerá una cuota presupuestaria semanas después. Podría comparar tiempos de respuesta entre instituciones. Podría identificar requisitos duplicados. Podría ayudar a clasificar expedientes, localizar inconsistencias, anticipar riesgos de subejecución o recomendar rutas administrativas alternativas cuando la normativa las permita.

Utilizada correctamente, la IA podría convertirse en un instrumento extraordinario para pasar de una administración reactiva a una administración preventiva. Pero existe también el riesgo contrario. Si simplemente colocamos inteligencia artificial encima de procesos fragmentados, responsabilidades ambiguas y sistemas rígidos, no habremos modernizado al Estado. Habremos automatizado sus defectos.

De la burocracia electrónica a la burocracia algorítmica

La inteligencia artificial incorpora una diferencia cualitativa respecto de muchos sistemas actuales. Un sistema tradicional ejecuta principalmente reglas que alguien programó previamente. Un sistema de IA puede, además, clasificar, inferir, priorizar, recomendar y detectar patrones.

Eso ofrece enormes posibilidades., pero introduce una nueva pregunta de poder público: ¿Qué ocurre cuando un funcionario comienza a depender de la recomendación del sistema para decidir? Imaginemos que una herramienta asigna niveles de riesgo a expedientes. Otro sistema recomienda cuáles deben revisarse primero. Otro identifica solicitudes que considera anómalas. Otro recomienda denegar, observar o someter un procedimiento a revisión adicional. Formalmente puede continuar existiendo un funcionario que finalmente pulse “aprobar” o “rechazar”.

Pero si la decisión real fue condicionada por un algoritmo cuyo razonamiento el propio funcionario no puede explicar, debemos preguntarnos quién ejerció verdaderamente la potestad pública.

Este problema conecta directamente con el artículo 154 constitucional. Si la función pública no es delegable salvo los casos determinados por la ley, el desarrollo tecnológico plantea una cuestión jurídica de enorme importancia: ¿Hasta dónde puede un funcionario apoyarse en una decisión automatizada sin abdicar del juicio y la responsabilidad que jurídicamente le corresponden? No se trata de impedir el uso de IA. Se trata de impedir que la tecnología se convierta en un espacio sin responsabilidad.

La máquina puede recomendar; alguien debe responder.

La Recomendación de UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial establece un principio particularmente pertinente: aun cuando las personas utilicen sistemas de IA por razones de eficiencia, la responsabilidad última de las decisiones debe continuar siendo atribuible a personas físicas o jurídicas existentes. También recomienda trazabilidad, auditoría, explicación y mecanismos de supervisión humana.

Ese principio coincide de manera notable con una concepción clásica del poder público: La autoridad puede servirse de instrumentos. Pero no puede desaparecer detrás de ellos. Antes la excusa burocrática podía ser: “el procedimiento no lo permite”. Después pasó a ser: “el sistema no deja”. En el futuro no debería aceptarse una tercera versión: “el algoritmo lo decidió”.

En un Estado de Derecho, alguien debe poder explicar por qué se adoptó una decisión, qué norma la sustenta, qué información se utilizó y qué autoridad responde por sus consecuencias. La tecnología puede asistir, puede ordenar, puede recomendar, puede advertir. Incluso puede automatizar operaciones rutinarias, pero la responsabilidad jurídica y ética no puede evaporarse dentro del software.

La inteligencia artificial como amplificador

La OCDE señala en sus Perspectivas del Gobierno Digital 2026 que la IA ya se utiliza en por lo menos algún ámbito gubernamental en 35 de los 36 países de la organización analizados. También advierte que las capacidades de implementación son desiguales y que la adopción responsable exige datos adecuados, infraestructura, competencias, transparencia, evaluación y mecanismos claros de rendición de cuentas.

La conclusión tiene especial importancia para países como Guatemala: La IA no sustituye las bases administrativas, las amplifica. Si los datos son buenos, puede aprovecharlos. Si están fragmentados, también amplificará esa fragmentación. Si los procedimientos son racionales, puede acelerarlos. Si son redundantes, puede automatizar la redundancia. Si las competencias están claras, puede asistir a los funcionarios. Si son ambiguas, puede hacer todavía más difícil determinar quién responde.

Y si el Estado carece de mecanismos para gestionar excepciones, la automatización puede convertir una situación extraordinaria perfectamente justificable en un rechazo automático perfectamente absurdo. Por eso el verdadero debate no debería plantearse entre tecnología sí o tecnología no. Debería plantearse entre tecnología gobernada y tecnología sin gobernanza.

Primero simplificar, después automatizar

Existe una regla elemental de transformación digital que deberíamos adoptar como principio administrativo: no automatizar aquello que todavía no hemos comprendido y simplificado. Antes de incorporar IA a un procedimiento habría que preguntarse: ¿Todas las etapas son necesarias? ¿La misma información está siendo solicitada por varias oficinas? ¿Existen autorizaciones que podrían tramitarse simultáneamente en lugar de secuencialmente? ¿El plazo otorgado a una institución es compatible con los plazos de las instituciones de las que depende? ¿Qué mecanismo existe cuando una plataforma falla? ¿Quién puede autorizar una contingencia? ¿Queda registrado el tiempo que cada dependencia retuvo un expediente? ¿Puede explicarse una decisión automatizada? ¿Existe una persona con autoridad real para corregirla?

Estas preguntas son más importantes que comprar el programa más sofisticado.

El costo de protegerse del riesgo

Existe una explicación histórica comprensible para la acumulación de controles. Los sistemas administrativos han reaccionado durante décadas frente a corrupción, discrecionalidad, contrataciones cuestionables y utilización inadecuada de recursos públicos. Frente a cada problema aparece un nuevo requisito, una firma adicional, otra certificación, una validación complementaria o una nueva plataforma. Individualmente, cada control puede parecer razonable. El problema aparece cuando observamos el conjunto.

La OCDE utiliza una expresión particularmente ilustrativa: “beige tape”, para describir las cargas administrativas que el Estado se impone internamente. Su análisis de 2026 reconoce que muchas de esas reglas surgieron de finalidades legítimas de transparencia, rendición de cuentas y protección del interés público, pero advierte que su acumulación o aplicación excesivamente rígida puede reducir la capacidad gubernamental.

La respuesta no es eliminar indiscriminadamente controles. Guatemala no necesita menos control. Necesita mejor control. Un control inteligente distingue riesgos, mide tiempos, identifica responsabilidades, evita duplicaciones, concentra fiscalización en aquello que realmente amenaza al patrimonio público y aprende de la información acumulada.

Precisamente allí la inteligencia artificial puede resultar útil: no necesariamente para colocar otro filtro sobre las instituciones, sino para hacer más inteligente el control existente.

El servidor público que habilita, no solamente el que controla

Sería equivocado, sin embargo, atribuir todas estas dificultades a normas y sistemas. Detrás de cada procedimiento sigue existiendo una persona y allí aparece la dimensión ética. El servidor público ubicado en una institución rectora, una unidad técnica o una oficina que autoriza procedimientos no es solamente custodio de un requisito. Forma parte de la capacidad del Estado para producir resultados. Su obligación consiste, por supuesto, en impedir actuaciones ilegales. Pero también en revisar oportunamente, formular observaciones claras, evitar requerimientos sucesivos innecesarios, comprender la naturaleza sustantiva del expediente y resolver dentro de plazos compatibles con las consecuencias de su decisión.

Un expediente inmóvil en una oficina puede representar en otra institución un proceso que perderá su oportunidad presupuestaria. Desde una ética kantiana del deber, la responsabilidad del servidor público no puede reducirse simplemente a sostener: “yo no infringí ninguna norma”. Existe también un deber positivo de ejercer correctamente la función encomendada. Y desde una perspectiva republicana, el funcionario no trabaja solamente para la entidad cuyo nombre aparece en su escritorio. Trabaja para el Estado. 

La tentación de no decidir existe

finalmente, un riesgo cultural: Cuando el sistema castiga con mayor severidad una decisión imperfecta que una demora indefinida, el incentivo racional del funcionario puede convertirse en no decidir.

Pedir otro dictamen, solicitar nuevamente un documento, trasladar el expediente, esperar una opinión adicional, formular una nueva observación. Cada acción puede parecer prudente individualmente. Pero la suma puede producir parálisis: Es la burocracia defensiva.

La inteligencia artificial incluso podría agravar ese fenómeno si se utiliza primordialmente para detectar riesgos sin considerar la finalidad sustantiva de la gestión. Un sistema diseñado exclusivamente para advertir “posibles problemas” puede llevar a que el funcionario encuentre siempre una razón adicional para no resolver. La tecnología pública debería ayudar también a responder otra pregunta: ¿Cuál es el costo de no decidir? Porque la demora administrativa no es neutral. El tiempo también es un recurso público.

Hacia una administración responsable

La modernización del Estado debería, por tanto, incorporar algunos principios básicos: 

• Toda gestión debería disponer de procesos aceptables a realizarse en un lapso de tiempo.
• Los sistemas deberían registrar quién tuvo competencia en cada etapa.
• Las interrupciones tecnológicas deberían tener protocolos de contingencia.
• Los procedimientos deberían generar alertas antes de que los plazos hagan irreversible una situación. 
• La interoperabilidad debería reducir la necesidad de que una institución solicite documentos que otra dependencia estatal ya posee.
• La inteligencia artificial debería emplearse prioritariamente para identificar cuellos de botella, anticipar riesgos, simplificar cargas y mejorar decisiones, no simplemente para introducir nuevas barreras.

Y cualquier decisión automatizada que produzca consecuencias administrativas relevantes debería ser auditable, explicable y atribuible a una autoridad responsable. Esto coincide con la orientación que actualmente sigue Guatemala. La estrategia de IA del Organismo Ejecutivo todavía se encuentra en construcción, mientras la evaluación RAM de UNESCO ofrece una línea base para identificar capacidades institucionales, normativas y técnicas que deben fortalecerse. Precisamente por ello, este es el momento apropiado para discutir estos principios, antes de que los sistemas sean más complejos, antes de que los algoritmos intervengan con mayor intensidad, antes de que resulte aún más difícil determinar dónde termina la decisión humana y comienza la recomendación automatizada.

El ciudadano no distingue oficinas ni algoritmos

Existe al final una realidad política elemental: Para el ciudadano común no existen direcciones técnicas, unidades ejecutoras, sistemas presupuestarios, oficinas de recursos humanos, plataformas electrónicas, proveedores tecnológicos o modelos algorítmicos. Existe el Estado.

Cuando una institución no consigue materializar una decisión necesaria, cuando recursos disponibles regresan sin producir el resultado para el cual fueron asignados o cuando un trámite perfectamente legítimo naufraga entre autorizaciones, plazos y sistemas, el ciudadano no distingue quién retuvo el expediente. Simplemente concluye que el Estado no funcionó.

Por eso este no es un problema menor de administración. Es un problema de gobernanza.

Después de décadas dedicadas correctamente a construir controles contra la discrecionalidad y la corrupción, Guatemala necesita avanzar hacia una segunda generación de reformas que conserve íntegramente la transparencia, pero incorpore también agilidad, proporcionalidad, interoperabilidad, trazabilidad, juicio humano y responsabilidad por los tiempos de decisión.

Y mientras el país comienza a incorporar inteligencia artificial a su administración, esa necesidad se vuelve todavía más urgente. Porque proteger el dinero público no consiste únicamente en impedir que alguien lo utilice ilegalmente. También significa evitar que recursos legítimamente disponibles dejen de producir valor público porque el propio Estado no consiguió ponerse de acuerdo consigo mismo.

Entre un Estado sin controles y un Estado paralizado por ellos existe una tercera posibilidad: Un Estado que controla, pero también decide; que fiscaliza, pero también facilita; que automatiza, pero sabe cuándo una excepción necesita juicio humano; que utiliza inteligencia artificial, pero nunca para ocultar responsabilidad; que exige resultados, pero puede determinar con precisión quién tenía la capacidad de producirlos.

Y que entiende, finalmente, que la buena administración pública no consiste en escoger entre legalidad, tecnología y eficacia. Consiste en conseguir que las tres trabajen para el mismo propósito: servir al ciudadano.

Referencias y fuentes

• Constitución Política de la República de Guatemala, arts. 152–156, especialmente art. 154 sobre responsabilidad, sujeción a la ley y carácter no delegable de la función pública.
• Ministerio de Finanzas Públicas y ONSEC: Ley Orgánica del Presupuesto, régimen de modificaciones presupuestarias y procedimientos de creación de puestos.
• Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, Plan Operativo 2026 y acciones para simplificación, interoperabilidad, transformación digital e inteligencia artificial.
• UNESCO, Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial y evaluación RAM aplicada en Guatemala durante 2025-2026.
• OCDE, Digital Government Outlook 2026, sobre gobernanza digital, inteligencia artificial, capacidades institucionales, transparencia y responsabilidad en el sector público.

Del salario al patrimonio: cuando trabajar empieza a producir movilidad social.

Una reflexión sobre educación, productividad y corresponsabilidad empresarial para que el empleo formal en Guatemala permita ahorrar y construir futuro.

Si evaluamos la situación de una familia guatemalteca de clase media baja contemporánea, es probable que encontremos avances visibles respecto a la generación de sus padres. Cuenta con un empleo formal, utiliza una motocicleta o un automóvil usado, posee teléfonos inteligentes, alquila una vivienda con servicios básicos, sus hijos estudian en el sistema escolar y tiene acceso a crédito de consumo. Estadísticamente, esta familia no cae bajo la línea de pobreza. Sin embargo, vive al límite: cada mes utiliza prácticamente el 100 % de sus ingresos para cubrir el gasto corriente. Ante un quebranto de salud, una reparación imprevista o la pérdida temporal del empleo, su única salida es el endeudamiento.

Esta realidad obliga a replantear el concepto de desarrollo. La pregunta central no debe ser únicamente si el país crece o si las familias logran consumir un poco más, sino algo mucho más concreto e incisivo: ¿Qué condiciones económicas, educativas y empresariales permitirían que una familia trabajadora pase de la simple supervivencia diaria a la capacidad de ahorrar, formar patrimonio y experimentar una auténtica movilidad social intergeneracional?

El ahorro como indicador de margen económico

Abordar el desarrollo a través de la capacidad de ahorro no implica responsabilizar moralmente a quien no ahorra. Para que exista ahorro, primero debe existir un excedente económico real.

En Guatemala, el margen para la acumulación familiar es sumamente estrecho. Según datos del Banco Mundial correspondientes a 2024, únicamente el 9.3 % de las mujeres y el 12.5 % de los hombres declararon haber ahorrado de forma formal, al tiempo que persisten formalidades significativas a cubrir en la bancarización y propiedad de cuentas financieras. Esto demuestra que la pregunta relevante no es por qué la gente no ahorra como una falla cultural, sino cuántas personas tienen realmente el margen financiero para hacerlo.

Para responder a esta inquietud, es necesario desglosar el problema en cuatro niveles interconectados.

1. Producir suficiente para redistribuir más

Es una simplificación común atribuir los salarios bajos exclusivamente a la falta de voluntad del empleador. Aunque esa actitud pueda presentarse en determinados nichos, no explica la dinámica general del mercado laboral. Una micro o pequeña empresa de baja productividad no genera el valor agregado suficiente por trabajador para incrementar salarios de forma sustancial sin incurrir en pérdidas, trasladar costos a precios o arriesgar su supervivencia.

El reto guatemalteco radica en la estructura productiva. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial para el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral alcanza el 64.9 %, evidenciando la preponderancia de empleos de baja productividad y restringida protección social.

De aquí surge una primera secuencia necesaria:

Sin embargo, esta cadena no se activa de manera automática.

2. La educación del trabajador no garantiza por sí sola un mejor ingreso

Tradicionalmente se le indica al ciudadano que la superación personal depende de su capacitación: aprender idiomas, programación, gestión técnica o habilidades digitales. La correlación entre capital humano y remuneración es sólida. La OCDE muestra que las empresas más productivas tienden a emplear a trabajadores más calificados y que las grandes firmas pagan en promedio una prima salarial asociada a ese conocimiento.

No obstante, la productividad individual del trabajador es solo una parte de la ecuación. La empresa donde se desempeña resulta determinante. Investigaciones de la OCDE concluyen que aproximadamente una tercera parte de la desigualdad salarial observada responde a diferencias en las políticas de pago entre firmas, no solo a las credenciales individuales. Las empresas disponen de margen de decisión sobre qué proporción del valor o rentabilidad alcanzada trasladan a sus colaboradores.

Por tanto, existe una responsabilidad compartida: el trabajador debe construir su capital humano, pero la empresa decide cómo distribuye el valor adicional generado.

3. ¿En qué condiciones a una empresa le conviene pagar por encima del mínimo?

Es importante precisar que una empresa no puede "aumentar voluntariamente el salario mínimo", ya que este representa un piso legal institucional. Lo que sí puede hacer es remunerar voluntariamente por encima del mínimo, establecer un piso salarial interno, compartir utilidades o adoptar un salario vital (living wage), concepto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define atendiendo tanto a las necesidades familiares como a la productividad económica.

Planteado en términos económicos y no puramente morales, ¿Cuándo le resulta racional a una empresa pagar salarios superiores al promedio del mercado?

La teoría de los salarios de eficiencia, respaldada por la OIT, sostiene que remunerar mejor incentiva el rendimiento, reduce la rotación, retiene experiencia y hace rentable la inversión en capacitación. Una empresa suele optar voluntariamente por este camino cuando:

• Requiere habilidades especializadas difíciles de sustituir.
• El costo de reclutar y entrenar nuevo personal es elevado.
• Busca reducir ausentismo y elevar la lealtad laboral.
• Compite dinámicamente por talento en su sector.
• Debe cumplir con estándares sociales exigidos por cadenas globales de valor.
• Visualiza al trabajador como un activo estratégico a conservar y no solo como un costo a minimizar.

Bajo este enfoque, el incremento salarial deja de ser una mera transferencia a fondo perdido para convertirse en una inversión productiva.

4. La dimensión ética: la vinculación entre utilidades y remuneraciones

Cuando una gran empresa incrementa sostenidamente sus ventas, productividad y ganancias, pero los salarios reales de sus trabajadores se mantienen estancados durante años, la explicación no radica únicamente en fallas de mercado o falta de capacitación. Se trata de una decisión de distribución interna.

Estudios de la OCDE confirman que las empresas poseen poder de fijación salarial y que los aumentos de productividad no siempre se transfieren de forma automática a las remuneraciones.

Esto abre un debate ético y práctico: ¿debería existir un vínculo transparente entre la productividad empresarial y la compensación del trabajador? Sin necesidad de imponer porcentajes rígidos por ley, este acoplamiento puede lograrse mediante:

• Bonos vinculados a resultados y productividad.
• Esquemas de participación en utilidades.
• Fondos de ahorro empresarial con aportación patronal directa.
• Planes de carrera con escalafones salariales claros.

Desde la perspectiva de la justicia distributiva de Aristóteles, la equidad exige analizar la proporción, el mérito y la contribución de cada parte dentro del colectivo. Y desde el imperativo kantiano, cabe preguntarse si es coherente tratar al trabajador como un fin en sí mismo cuando se le excluye permanentemente de la prosperidad que ayuda a construir.

El umbral de acumulación

Para dotar de claridad analítica a este debate, conviene introducir el concepto del umbral de acumulación.

Una familia cruza el umbral de acumulación cuando sus ingresos regulares superan el gasto de consumo básico y le permiten:

• Cubrir sus necesidades fundamentales con dignidad.
• Contar con un colchón para emergencias menores.
• Ahorrar de forma sistemática y predecible.

Antes de alcanzar este umbral, cualquier mejora salarial se destina casi por completo a satisfacer consumo diferido o indispensable. Una vez superado el umbral, el ahorro se transforma en patrimonio: primero un fondo de emergencia, luego el enganche de una vivienda, posteriormente la educación superior de los hijos o el inicio de un emprendimiento. Es allí donde se materializa la movilidad social intergeneracional.

El triángulo de corresponsabilidad

La transición del salario al patrimonio no es responsabilidad exclusiva de un solo actor. Exige la interacción de tres pilares:

• El Ciudadano: Adquiere competencias técnicas, mantiene disciplina financiera y eleva su rendimiento laboral.
• La Empresa: Invierte en tecnología, capacita a su personal y diseña mecanismos para compartir las ganancias de productividad.
• El Estado: Garantiza educación de calidad, infraestructura productiva, seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica. Además, debe fomentar la competencia y la movilidad laboral, ya que —como destaca la OCDE— una mayor movilidad entre empleadores reduce el poder unilateral de fijación salarial y facilita que la productividad se traduzca en mejores ingresos.

Conclusión

Una política enfocada únicamente en fijar el salario mínimo o en apelar a la capacitación individual se queda corta. Para que el trabajo sea un vehículo real de progreso en Guatemala, la educación, la productividad, la competencia y las buenas prácticas empresariales deben articularse de forma coherente.

La movilidad económica de un país no se mide cuando sus familias logran consumir un poco más hoy, sino cuando una proporción creciente de ellas consigue conservar una fracción de lo que produce para construir su propio mañana.

Referencias

Banco Mundial (2024). Global Findex Database 2024.

Banco Mundial (2026). Estimaciones de informalidad laboral para Guatemala (Q1 2026).Organización Internacional del Trabajo (OIT). Salarios vitales (Living wages).Organización Internacional del Trabajo (OIT). Efectos de los salarios de eficiencia en la productividad laboral.

OCDE. Human Capital at Work.

OCDE. OECD Employment Outlook 2022.

OCDE. The Role of Firms in Wage Inequality: Firm Wage-Setting Power.

OCDE. The Role of Firms in Wage Inequality: Worker Mobility and Wage Determination
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