martes, 2 de noviembre de 2021

Evaluación de la amenaza del crimen organizado 2021


Este es un resumen del documento "Evaluación de la Amenaza del Crimen Transnacional Organizado en América Latina" elaborado por instrumento de documentación y evaluación de la amenaza en Latinoamérica IEAL. (Madrid, 2021). El documento puede ser descargado aquí.

El documento es un análisis en base a intercambio de información policial, de inteligencia y de fuentes abiertas de los países siguientes: Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá. Cubre nueve áreas específicas de las cuales se hace un breve resumen a continuación. Al final las conclusiones son del autor del resumen.

 

1.      Narcotráfico

 

Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de cocaína seguido de Europa. El narcotráfico es el delito considerado como prioridad en América Latina. En los últimos diez años aumentó la extensión de cultivo de hoja de coca en los tres países productores de América del Sur. Esto tiene un aumento directo en la producción de cocaína, tráfico y actividad múltiple de empresas y grupos que facilitan recursos para la ruta de la droga hacia Estados Unidos, Europa y Oceanía. El mar es la principal ruta del tráfico. En alta mar se vende cada año gran cantidad de combustible para las embarcaciones de todo tipo involucradas en el trasiego.

 

El principal medio de transporte de droga son los contenedores por vía marítima, seguido de transporte aéreo en aviones ultraligeros (desaparecen del radar) y la vía terrestre, aunque en menor proporción. Costa Rica elogiado por su sistema de seguridad es un punto geográfico clave para el trasiego por mar, tierra y aire. El Cannabis mantiene su demanda y en los últimos cinco años se ha descubierto la aparición de nuevos psicoactivos incrementando la red de tráfico de drogas sintéticas y precursores.

 

2.      Delitos contra las personas

 

El principal objetivo de la trata de persona es la explotación sexual. Además trabajos forzados y mendicidad ajena. El coyotaje a pasado a segundo plano pues las rutas implican el involucramiento de toda una red que actúa: contratistas, transporte, seguridad privada, policías corruptos. El origen del flujo migratorio sigue siendo las vulnerabilidades socio económicas de las personas y falta de seguridad en sus países de origen. Después de la explotación sexual las personas son consideradas mercancía de valor por el tráfico de órganos.

 

La mayoría de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Los métodos de captación y engaño son por ejemplo: empleos, estudios y oportunidad para vivir en el país destino.

 

3.      Ciberdelincuencia

 

El ciberdelito se origina en aumento de transacciones en línea sin legislación adecuada. El robo de datos (penetración del internet) permite robos y estafas. Otros datos los proporciona la víctima de manera voluntaria por un engaño y pude producirse hasta secuestro. Las redes para búsqueda de pareja son otra fuente de estafa, robo o secuestro. Una vulnerabilidad natural la constituye la poca capacidad cognitiva de los niños para identificar un peligro que generalmente es de explotación, abuso o pornografía infantil. Los niños tienen acceso a los medios en línea y es necesaria la atención de adultos en este sentido.

 

4.      Delitos contra la propiedad

 

El robo de vehículos ha sido desde años un negocio lucrativo para la criminalidad. Afecta no sólo a los propietarios sino a las empresas que venden vehículos, las empresas de seguros y la inseguridad de que los autos lleven instalados repuestos que no responden a los estándares establecidos. Centroamérica tiene tratados para la devolución de vehículos hurtados o robados.

 

5.      Contrabando

 

Por contrabando se entiende toda mercadería que traspasa fronteras por lugares no autorizados o productos que ingresan por medio de documentación falsa o alterada. El contrabando permite efectuar lavado de activos que se usa para otros ilícitos del crimen organizado.

 

Productos de contrabando, especialmente comestibles, generalmente no cuentan con especificaciones de salubridad ni control sanitario produciendo un impacto en la salud.

 

6.      Delitos ambientales

 

Entre los delitos contra la biodiversidad se encuentra el trafico ilícito de animales silvestres. La falta de ciertas especies tiene impacto en los sistemas biológicos y por consiguientes la salud de los recursos hídricos. La minería ilegal también contribuye al deterioro de los sistemas biodiversos y llega a afectar la salud de las personas que dependen del recurso hídrico, agricultura y medio ambiente en general.

 

Las poblaciones rurales, que no siempre son parte de las redes criminales de tráfico de vida silvestre, son contratadas u obligados a recuperar las especies por su conocimiento de las diferentes regiones. Las especies animales y vegetales vulnerables son de tierra y mar principalmente. Otra amenaza a la fauna y flora son las atribuciones medicinales que les confieren provocando demanda para consumo.

 

Los químicos empleados en minería ilegal (principalmente oro en América del sur) no son vertidos con especificaciones de salud ambiental. La tala de bosques para fines ilícitos también genera daños al ambiente que puede llegar a producir desastres por la reacción de los suelos según el clima y la región.

 

7.      Armas de fuego

 

Las armas de fuego tienen un origen lícito. En algún momento del proceso de venta o reventa se desvían hacia uso criminal. Las bandas criminales necesitan las armas para tener poder coercitivo, uso de fuerza para mantener sus intereses en territorios específicos. México es el país donde se da mayor incautación de armas que se portan de forma ilícita.

 

Con la proliferación de armas son adquiridas para crimen organizado, pero también por ciudadanos para defenderse. Todo ello aumenta la tasa de homicidios. Las armas cortas son de mayor incautación en delincuencia común y los fusiles de asalto y escopetas son principalmente usadas por el narcotráfico. Las armas se pueden comprar lícitamente por partes y ensambladas y distribuidas de manera no controlada.

 

8.      Grupos de delincuencia organizada

 

El ochenta por ciento de las bandas criminales se dedican al narcotráfico y producen la mayor cantidad de pérdidas de vida humana por violencia. Los carteles contratan todo tipo de personas: desde campesinos hasta técnicos profesionales terrestres, marítimos, químicos de otras industrias y expertos en legislación. Su gran poder económico tiene la capacidad de corromper Estados para sus fines ilícitos.

 

Las pandillas representan un desafío a las autoridades por su organización para generar violencia, extorsiones y venta de droga al menudeo. Son integradas por jóvenes cuyas razones para adherirse son de orden social.

 

Los delitos instrumentales que dan soporte a los grupos criminales organizados son muy difíciles de identificar y perseguir. Primero por la forma “legal” en que operan y segundo porque la legislación vigente debe estar especialmente diseñada para perseguirlos. El lavado de activos, los testaferros, donaciones humanitarias son algunos ejemplos y están transversalizados dentro de la actividad delictiva organizada.

 

9.      Efectos del COVID-19

 

En algunas regiones de Latinoamérica los grupos delincuenciales asumieron roles humanitarios, que debió asumir el Estado, para luego cobrar los favores a población sin acceso a servicios de salud para apoyo posterior a sus actividades ilícitas.

 

La crisis económica por las restricciones de actividades para evitar contagio, crearon necesidades económicas y de subsistencia básicas, siendo estas personas candidatas a reclutar por las bandas a cambio de ingresos económicos.

 

Las acciones de los Estados para enfrentar las pandemias generaron oportunidades de corrupción para el círculo de proveedores y agentes de gobierno. Acciones violentas instigadas a la población en contra de los gobiernos por falta de servicios de salud también se produjeron.

 

Las fuerzas de seguridad, especialmente las de países pequeños, desviaron su atención del crimen organizado para dedicarse a atender la crisis de la pandemia. Falsificación de medicinas, estafas cibernéticas por la proliferación de actividades comerciales en línea fueron efectos de la pandemia.  

 

Conclusiones

 

El crimen organizado encuentra un asidero porque tiene un consumidor. Así lo reconoce el estudio cuando explica la ley de la oferta y la demanda aplicable al crimen organizado. Por tanto, los gobiernos deben dirigir buena parte del esfuerzo preventivo a aliviar la necesidad de los ciudadanos por lo ilícito.

 

Las bandas del crimen organizado tienen una amplia base logística para sus ilícitos. En ella van autoridades, profesionales, técnicos y población en general. Es más difícil detectar las acciones individuales que contribuyen al ilícito como parte del proceso del trasiego.

 

Una manera de combatir la trata de personas es la generación de oportunidades de trabajo según el desarrollo socio educativo de la población. Dado que educar a la población es un proceso largo, se debe pensar en alternativas para las personas con bajos niveles de educación simultáneo a la educación para adultos.

 

Pese a que según el documento, un alto porcentaje de migrantes fluye hacia Estados Unidos desde el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala es el único país de esa región que es favorecido con el sorteo de visas de diversidad para interesados en migrar. Esto se debe a su bajo nivel de migración.

 

Las bandas del ciber crimen tienen capacidad para penetrar el internet y redes sociales para cometer estafas, robo de información y proliferación de virus informáticos pero las autoridades no tienen capacidad de identificar, monitorear y ubicar el centro de operación desde donde se cometen estos crímenes. Esto es una vulnerabilidad cibernética de los estados, secundada por la falta de legislación vigente.

 

En Guatemala el problema social por la minoría no es por dicha actividad ilegal sino por la minería lícita, lo cual se interpreta como falta de capacidad del Estado para legislar, controlar y mediar conforme a la voluntad de la población y negociada con sus representantes (del congreso, no de las comunidades). Esto evidencia un retraso con relación a países que ya explotan sus recursos mineros legalmente sin conflictividad social y donde el esfuerzo se reduce a perseguir la minería ilegal para seguridad ambiental.

 

El contrabando en Guatemala es visto únicamente como amenaza a la recaudación tributaria y a la economía de empresas monopólicas producto de la política económica proteccionista que se implementa. El contrabando se minimizará en la medida que las personas y grupos asociados pueda importar y exportar productos con aranceles racionales “iguales” para toda persona individual o colectiva que desee comerciar productos lícitos. La legislación actual favorece este mal enfoque del origen y la manera de prevenir el contrabando.

 

El estudio no comprende a Guatemala, pero sí a El Salvador. El estudio indica que la operación de carteles se desarrolla principalmente en Guatemala y no menciona en igual proporción delictiva a los carteles en el Salvador. Esto se debe a la capacidad de los carteles en Guatemala, cuya penetración de los entes gubernamentales, ha facilitado que Guatemala sea un puente del narcotráfico desde los países productores de la América del Sur hacia México, Estados Unidos y otros países.

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