El desastre comienza antes de la lluvia: Ordenamiento territorial, responsabilidad pública y el costo de no prevenir

1. La coyuntura y la falsa inevitabilidad de los desastres

Cada temporada lluviosa en Guatemala devuelve a la primera línea del debate público las mismas imágenes devastadoras: tramos carreteros colapsados, laderas desprendidas sobre viviendas precarias, comunidades incomunicadas y caudales desbordados que arrasan con el esfuerzo de años. El patrón se repite con una regularidad trágica, acompañado de un discurso institucional que tiende a calificar cada evento meteorológico como imprevisto o extraordinario. Sin embargo, las cifras oficiales invitan a una reflexión mucho más profunda sobre las causas estructurales de la vulnerabilidad nacional.

El 15 de octubre de 2026, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) informó que durante la temporada del presente año se habían atendido 2,195 emergencias, registrando entre ellas 632 inundaciones, 242 deslizamientos y 133 derrumbes, con una especial concentración de incidentes en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala e Izabal [CONRED]. Si bien estos datos reflejan la capacidad de respuesta humanitaria de los equipos de socorro, no permiten determinar por sí solos cuántas de esas emergencias eran previsibles ni qué grado de responsabilidad institucional recae en la acumulación del riesgo.

Ahí radica el dilema central de la gobernanza contemporánea. Un fenómeno natural —sea una tormenta tropical o una precipitación prolongada— es, en gran medida, inevitable en un país con la geografía y ubicación de Guatemala. No obstante, la transformación de una amenaza natural en un desastre social y económico depende directamente de decisiones humanas previas: dónde se permite construir, cómo se administra el suelo, qué calidad se exige a la infraestructura pública y cuántos recursos presupuestarios se destinan a la prevención activa. El desastre, por lo tanto, no empieza cuando rompe la tormenta, sino mucho antes, en la pasividad o desacierto de las decisiones territoriales y administrativas.

2. El territorio como expresión de decisiones políticas y administrativas

El ordenamiento territorial no es un mero ejercicio técnico de cartografía ni un trámite burocrático secundario; constituye una de las manifestaciones más concretas del poder político y la responsabilidad pública. La forma en que se ocupa el territorio refleja las prioridades de inversión, la efectividad del control fiscalizador del Estado y la capacidad de las instituciones para anteponer el bien común a los intereses coyunturales de desarrollo urbano o comercial.

En el marco jurídico guatemalteco, el Código Municipal (Decreto 12-2002 del Congreso de la República) asigna a las municipalidades la competencia directa sobre el ordenamiento territorial, el control de la edificación y la planificación del desarrollo local. Sin embargo, limitar el análisis a la esfera municipal resultaría incompleto. La modificación del territorio y de sus niveles de exposición involucra también decisiones de carácter nacional vinculadas a la red vial, la vivienda social, la protección ambiental y la gestión de cuencas hidrográficas.

Cuando se autoriza una urbanización en las cercanías de un cauce volátil, cuando se omite el mantenimiento de los sistemas de drenaje o cuando se permite la deforestación de laderas inestables, se está configurando un escenario de riesgo futuro. La dispersión de competencias entre el gobierno central, las municipalidades y los órganos sectoriales dificulta con frecuencia la exigencia de rendición de cuentas, generando un vacío institucional donde la prevención suele quedar rezagada frente a la urgencia de la reconstrucción.

3. Aristóteles y la prudencia de gobernar antes de la crisis

Desde la filosofía política clásica, Aristóteles definía la phrónesis o prudencia como la virtud indispensable para la acción política justa y recta. La prudencia en el gobierno no consiste en la mera habilidad para reaccionar con agilidad ante la emergencia desatada, sino en la capacidad de deliberar juiciosamente sobre las consecuencias futuras de las decisiones presentes. Aplicado a la administración pública, este principio implica que gobernar es prever y neutralizar los riesgos antes de que se conviertan en pérdidas irreparables.

Esta exigencia plantea un desafío particular para la evaluación de la gestión pública. Las decisiones de prevención exitosas se caracterizan por la ausencia de eventos trágicos: una obra de mitigación bien ejecutada evita una inundación; una norma estricta de uso del suelo impide un deslizamiento sobre zonas habitadas. En consecuencia, los beneficios de la prevención suelen expresarse en "no-eventos", en daños que jamás llegaron a materializarse.

Para la lógica política tradicional, orientada a la visibilidad de las obras de respuesta inmediata, la inversión en mitigación preventiva suele resultar menos vistosa que la presencia institucional durante el desastre. No obstante, la verdadera madurez democrática de un Estado se mide por su disposición a invertir en obras sostenibles e invisibles a corto plazo, priorizando la seguridad humana por encima del beneficio propagandístico de la crisis.

4. La responsabilidad frente a las generaciones futuras

La gestión del riesgo trasciende el ámbito técnico y presupuestario para situarse como un imperativo ético y constitucional. El artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala impone al Estado, a los municipios y a los habitantes la obligación explícita de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Este mandato se vincula directamente con el principio de desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional.

Desde una perspectiva ética kantiana, las decisiones públicas deben someterse al filtro del imperativo categórico: ¿es éticamente justificable adoptar hoy decisiones de infraestructura o de uso del suelo cuyos riesgos conocidos afectarán la vida y la seguridad de las generaciones venideras? El diseño de carreteras sin la resiliencia requerida o la postergación de inversiones en mitigación climática trasladan una pesada e injusta carga fiscal y humana hacia el futuro.

La validez legal coyuntural de una autorización edilicia o de un proyecto de obra pública no garantiza su legitimidad ética si compromete la sostenibilidad del territorio a largo plazo. La responsabilidad pública exige incorporar la variable de riesgo plurianual como un criterio irrenunciable en la formulación de cualquier política estatal.

5. El costo de reconstruir lo que pudo protegerse

La dimensión económica del riesgo revela una profunda asimetría entre el costo de la prevención y el costo del impacto de los desastres. La literatura internacional y la evidencia técnica coinciden en que cada moneda invertida en mitigación estructural y planificación territorial ahorra significativamente más recursos en respuesta de emergencia, reparación de infraestructura destruida y atención a familias damnificadas.

Consciente de la vulnerabilidad fiscal y territorial del país, en septiembre de 2025 el Banco Mundial aprobó una operación de US$430 millones para fortalecer la resiliencia de Guatemala ante eventos climáticos extremos y desastres naturales a través de un instrumento financiero contingente [Banco Mundial]. Esta operación busca fortalecer las capacidades institucionales, la gestión financiera del riesgo y la integración de criterios de resiliencia en sectores estratégicos como transporte, agricultura y vivienda.

Disponer de mecanismos de liquidez contingente es un paso técnico relevante para la estabilidad macroeconómica; sin embargo, los instrumentos de financiamiento no sustituyen la necesidad de modificar la lógica presupuestaria interna. Un Estado que gasta recurrentemente recursos extraordinarios en reparar las mismas carreteras y puentes año tras año incurre en una ineficiencia estructural que limita el financiamiento disponible para la salud, la educación y el desarrollo social integral.

6. La prevención como problema de coordinación institucional

En el ámbito de la ejecución, la reducción del riesgo enfrenta barreras asociadas a la fragmentación burocrática y la debilidad de la articulación territorial. Sin un espacio continuo de diálogo y concertación técnica entre las instituciones sectoriales, los gobiernos locales y la sociedad civil, las políticas de prevención tienden a diluirse en intenciones teóricas sin impacto real en el territorio.

Existen precedentes de iniciativas orientadas a superar esta brecha. En mayo de 2026, la CONRED impulsó la consolidación de la Plataforma Territorial de Diálogo en la Región I Metropolitana, reuniendo a actores gubernamentales, municipales, académicos y de la sociedad civil con el fin de articular la planificación estratégica, la inversión pública y la gestión integral del riesgo [CONRED].

El valor sustantivo de estas plataformas radica en su capacidad para trasladar las deliberaciones a resultados verificables: normas de edificación actualizadas, proyectos de mitigación priorizados en el sistema de inversión pública y planes de ordenamiento territorial efectivamente fiscalizados. La mera existencia de comités o mesas de trabajo no garantiza la reducción de la vulnerabilidad si no está acompañada de voluntad política y recursos ejecutables.

7. La perspectiva latinoamericana y el marco internacional

Guatemala no se encuentra aislada en la búsqueda de modelos de gobernanza del riesgo más eficientes. Diversos países de América Latina comparten dinámicas similares de exposición climática y desafíos institucionales, lo que ha motivado una agenda regional de intercambio de experiencias y adecuación legislativa.

En febrero de 2026, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) convocó a un diálogo regional sobre gobernanza del riesgo y estrategias de implementación del Marco de Sendai 2015-2030 [UNDRR]. En dicho encuentro se enfatizó la necesidad apremiante de transitar desde esquemas tradicionales de administración de emergencias hacia políticas públicas integrales basadas en evidencia científica, información territorial precisa y marcos regulatorios vinculantes.

La adopción de los principios del Marco de Sendai supone entender que el desarrollo sostenible no es alcanzable sin una reducción sustancial del riesgo existente y sin la prevención estricta de nuevos riesgos. Para Guatemala, esto implica actualizar sus marcos normativos locales y garantizar que la reducción del riesgo se convierta en una política transversal de Estado y no en una labor secundaria encomendada exclusivamente a los organismos de socorro.

8. Conclusión: El verdadero horizonte de la gobernanza

Frente a la inminencia de una emergencia climática o geológica, la respuesta rápida de las instituciones públicas es un deber ineludible e inmediato. Los equipos de emergencia y rescate desempeñan una labor abnegada que merece el reconocimiento de toda la sociedad. No obstante, reducir la función del Estado a la asistencia post-facto representa una visión limitada e insostenible de la gobernanza.

La verdadera capacidad institucional de un país no se mide de forma exclusiva por la celeridad con la que se distribuye la ayuda humanitaria tras el desastre, sino por la solidez y ética de las decisiones adoptadas mucho antes de que caiga la primera gota de lluvia. La gestión del riesgo es, en última instancia, una forma de gobernanza anticipatoria: el compromiso consciente de planificar el territorio, proteger la infraestructura, respetar el entorno natural y resguardar la vida de los ciudadanos frente a riesgos previsibles.

Solo en la medida en que el ordenamiento territorial y la prevención presupuestaria asuman un papel central en la agenda nacional, Guatemala podrá romper el ciclo recurrente de la vulnerabilidad y avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible y resiliente.

La justicia antes del juez: legalidad, mérito y confianza institucional

El Estado de derecho requiere procedimientos reglados, pero el cumplimiento adjetivo de la norma no agota la finalidad sustantiva de la justicia. Ya desde la filosofía aristotélica se distinguía entre el mero ejercicio formal de una función conforme a reglas y su desempeño orientado a la virtud propia de dicho rol. De manera análoga, la concepción romana del ius trasciende la mera disposición positiva, permitiendo problematizar la legitimidad del acto sin negar el imperio de la ley.

Bajo esta premisa, la tesis central sostiene que la legalidad es una condición necesaria pero no suficiente para la legitimidad judicial. Este principio resulta aplicable a todo proceso de designación pública en el que el procedimiento legal constituye solo la base formal del acto.

Al trasladar esta distinción al diseño constitucional guatemalteco, se evidencia que la independencia judicial abarca dos dimensiones complementarias: la independencia orgánica frente a otros poderes del Estado y la autonomía funcional e interna del juez frente a presiones o intereses propios del aparato judicial.

De ello se deriva que la ciudadanía no solo requiere jueces investidos conforme a la ley, sino garantías institucionales de que su selección obedeció a principios de capacidad, idoneidad, integridad y escrutinio público.

Esta exigencia no responde a un interés corporativo de la judicatura. El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos vinculan expresamente la independencia e imparcialidad de los tribunales con el derecho fundamental de toda persona al debido proceso.

A modo de estudio de caso —y no de veredicto sobre las personas nombradas—, el nombramiento de 150 jueces de Paz y de Primera Instancia el 29 de septiembre de 2026 generó controversia en la opinión pública respecto a supuestas negociaciones previas. En lugar de asumir conclusiones prefabricadas, el análisis exige plantear tres interrogantes verificables: ¿Es posible reconstruir públicamente el itinerario de mérito de cada profesional seleccionado? ¿Se conocen con precisión los criterios por los cuales un aspirante fue preferido frente a otros participantes? ¿Existe suficiente evidencia documental que permita distinguir una decisión discrecional legítima de un ejercicio arbitrario del poder?

Este enfoque permite desplazar el debate: no se juzga la idoneidad personal de los profesionales designados, sino la calidad institucional del mecanismo de selección. Si bien la transparencia suele concebirse como una herramienta de fiscalización hacia el funcionario, su función primordial radica en proteger la legitimidad del propio juez ante señalamientos infundados.

Cuando las puntuaciones, antecedentes, criterios de evaluación y motivaciones son plenamente verificables, quien obtiene una magistratura o judicatura puede desestimar cualquier duda sobre su idoneidad mediante la exhibición del expediente que acredita su mérito. Por el contrario, ante la debilidad de los mecanismos de verificación, incluso el juzgador más competente queda expuesto a sospechas que no le corresponde sobrellevar.

La transparencia no menoscaba la independencia judicial; constituye su escudo institucional. El 30 de septiembre de 2026, al día siguiente de los referidos nombramientos, los 13 magistrados de la CSJ eligieron por unanimidad a Jenny Noemí Alvarado Tení para presidir el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia durante el período 2026-2027. La información oficial consigna la unanimidad de la decisión y resalta la unidad de la Corte como eje de la gestión. Este hecho ofrece una transición relevante: si bien la unidad interna representa una fortaleza de gobierno institucional, en un Estado de derecho debe coexistir con la publicidad de los actos, la deliberación, la rendición de cuentas y la aplicación de criterios comprobables.

La unanimidad en una votación no implica por sí misma la existencia de acuerdos indebidos. Al contrario, la cuestión medular desde la perspectiva institucional reside en cómo transformar el consenso interno en confianza ciudadana. En un orden republicano, ostentar la competencia legal para emitir un acto no agota la exigencia de legitimidad. La autoridad debe aportar razones susceptibles de ser conocidas y examinadas por la sociedad. La facultad de nombrar conlleva el deber correlativo de justificar la decisión. Por tanto, el desarrollo institucional no exige privar a la Corte de la atribución de nombrar jueces, sino garantizar que el ejercicio de dicha atribución genere evidencias incontrovertibles de mérito, imparcialidad y razón pública.

En última instancia, cuando un ciudadano acude a un tribunal, difícilmente conocerá al magistrado que designó al juzgador a cargo de su causa. Sin embargo, requiere la certeza institucional de que entre ambos impera una cadena ininterrumpida de legitimidad.

Fuentes

1. OACNUDH / Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (enero de 2026). Exhortación específica sobre Guatemala para que los nombramientos del año 2026 se fundamenten en el mérito y la integridad, manteniéndose libres de interferencias indebidas. ecoi.net

2. Agencia Guatemalteca de Noticias (30 de septiembre de 2026). Reporte oficial referente a la elección por unanimidad de Jenny Alvarado Tení para la presidencia del Organismo Judicial durante el período 2026-2027. Agn

3. OACNUDH Guatemala. Marco analítico sobre la independencia judicial como presupuesto esencial del debido proceso y los desafíos estructurales identificados en Guatemala. Oacnudh Guatemala

4. eP Investiga (29 de septiembre de 2026). Registro periodístico relativo al nombramiento de más de 150 jueces y los señalamientos sobre el procedimiento. Se cita con atribución expresa a la fuente periodística, distinguiendo sus afirmaciones de hechos judicialmente probados. Epinvestiga

5. Consejo de Derechos Humanos / Debate sobre salvaguardias mínimas en nombramientos judiciales (junio de 2026). Perspectiva de derecho comparado y estándares internacionales sobre las garantías de imparcialidad en la selección de jueces. Gicj

El orden que forma líderes: disciplina, mando y poder civil

 

Palabras del ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, General de División Henry Sáenz Ramos, con motivo de la visita de oficiales, marineros y cadetes navales de la República de China Taiwan, miembros todos de la tripulación del Escuadrón Naval de la amistad.

“Cuando estamos en la academia, en la formación militar, nos enseñan que para saber mandar hay que aprender a obedecer. Cuando un general hace el saludo al poder civil no lo aprende en el grado de General; cuando un comandante de brigada pone a disposición las capacidades, las misiones y funciones en el campo o en otras misiones al gobierno o a otras instituciones: eso no se aprende en el grado de coronel.

Se identifica y se hace, lo que hace… porque desde su formación aprendió a obedecer a través de la instrucción de orden cerrado: las maniobras que nosotros vamos a ver hoy.

Hay una premisa en la táctica: el militar aprende que, si uno quiere aplicar el orden abierto, necesita aprender el orden cerrado. Y no es en otro lugar sino en el orden cerrado en donde se aprende la obediencia, la disciplina y el arte de mandar.

Lo que ustedes van a ver es disciplina, la coordinación y la obediencia al máximo nivel. Y los cadetes navales presentan hoy una maniobra de orden cerrado.

Por ello hago la comparación de las maniobras que estamos por presenciar con la tradición del militar guatemalteco: nosotros los generales y los comandantes tenemos el orgullo de defender y de obedecer al presidente constitucional de la república, porque lo aprendimos en el orden cerrado, como el que hoy vamos a ver.

Aprendimos que el flanco izquierdo no es derecho y viceversa; aprendimos que el que manda es solo uno y aprendimos a saber de dónde viene la voz de mando.

Lo que hoy vamos a ver es el origen de la república, es el origen de los defensores de la democracia y ahí en las filas es donde se aprende a obedecer al estamento civil. Por eso, esta actividad no es tan sólo una demostración de obediencia y sincronía, es una demostración productiva de jóvenes que en tres décadas serán los líderes, son los que van a defender la democracia como hoy lo hacemos nosotros.

Así que disfruten, porque tanto la República de China Taiwán como Guatemala tienen soldados disciplinados, tienen soldados subordinados y bien coordinados con el poder civil… siempre.

Para que nos nuestros pueblos se desarrollen, necesitan fuerzas armadas sanas, respetuosas de los derechos humanos y de sus ciudadanos; así que hoy vamos a celebrar eso. Ese modelo en donde nos formamos y nacemos para defender nuestras democracias.

Bienvenidos, gracias".

Ministro de la Defensa Nacional

La anaciclosis vuelve a Colombia y toca la puerta de Guatemala

Hace unos días el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, salió personalmente a patrullar las calles de Santa Marta junto a cerca de mil cien efectivos entre militares y policías, chaleco antibalas puesto y arma al cinto, después de que estructuras criminales amenazaran a comerciantes de la ciudad con disparos. No es un hecho aislado. Se inscribe en una promesa de campaña que viene ejecutando desde su posesión el pasado 7 de agosto, cuando decidió jurar como presidente en un batallón del Ejército en Cali, rodeado únicamente de escuadrones militares, en lugar de hacerlo en Bogotá. Un mensaje de forma tanto como de fondo: mano dura, cero tolerancia, militarización visible de la seguridad pública, y una advertencia explícita a las estructuras criminales de que se sometan o se les da de baja.

La escena lleva a pensar en dos planos a la vez. Primero, evaluar la medida en sus propios términos técnicos: ¿es sostenible en el tiempo, es replicable en otro país, qué costos y qué riesgos conlleva? Segundo, por qué una fórmula que hoy se aplaude en Colombia y en El Salvador no puede simplemente calcarse en Guatemala. Y detrás de ambas preguntas, una tercera, más incómoda: ¿se está presenciando, una vez más, el mismo ciclo que Guatemala ya vivió en los años ochenta y noventa, ahora con otro vestuario?

La decisión de De la Espriella es audaz, y se esperan buenos resultados. Un presidente que sale personalmente a patrullar con su gente transmite algo que ningún comunicado institucional logra: la sensación de que el Estado, encarnado en su máxima autoridad, no ha abandonado el territorio. Eso, en sociedades donde el ciudadano común percibe al Estado como ausente, tiene un valor simbólico que no debe subestimarse. Pero el asunto de fondo no es si la medida convence hoy, sino si resulta sostenible mañana. Y ahí entra la aritmética elemental de cualquier despliegue prolongado de fuerza pública: mantener, por ejemplo, mil efectivos permanentemente activos en un área exigen tener otros mil listos para relevarlos, porque la tropa tiene que dormir, y un tercer contingente en descanso mientras los primeros dos mil rotan entre servicio y relevo. 

Sostener una presencia visible y constante de mil hombres en la calle puede implicar comprometer una fuerza real tres veces mayor. La pregunta que cualquier gobierno debería hacerse, y que rara vez se hace en público porque no es una pregunta que gane titulares, es durante cuánto tiempo puede sostenerse un esfuerzo de esa magnitud, y qué ocurre cuando la fuente de presupuesto que lo financia se agota. Si el Congreso no aprueba los recursos necesarios, el propio gobierno queda condenado al fracaso ante los ojos de la ciudadanía que le exigió resultados. Y aquí aparece una diferencia estructural que conviene subrayar: tanto Nayib Bukele en El Salvador como Abelardo de la Espriella en Colombia cuentan con mayoría legislativa, uno la impuso mediante el control efectivo de facto sobre los tres poderes del Estado, el otro la ganó en elecciones. Esa mayoría es, en ambos casos, la condición de posibilidad que permite sostener el gasto, aprobar la normativa de excepción y blindar políticamente la estrategia frente al desgaste natural de cualquier gobierno.

En Guatemala, en cambio, cualquier gobierno reformista enfrenta un problema que antecede a su propia gestión: llega al poder con estigmas ideológicos propios de la cultura política guatemalteca y con una estructura de poder acostumbrada a la cooptación institucional, sea para sostener corrupción, sea para sostener actividad criminal directamente. A ello se suma una desventaja que contrasta directamente con los casos de El Salvador y Colombia: el actual gobierno llegó al poder después de una transición extraordinariamente conflictiva y con una representación legislativa reducida; en 2024, la bancada que originalmente respaldaba al presidente Bernardo Arévalo contaba apenas con 23 de los 160 diputados, en un contexto de fuerte polarización institucional. Ese es, en el juicio de quien escribe, el núcleo del problema local. No es solamente una cuestión de voluntad política ni de recursos, aunque ambos importan, sino de que buena parte del aparato estatal fue diseñado, o capturado con el tiempo, precisamente para resistir cualquier intento serio de reforma. Conviene decirlo con claridad: políticas de mano dura, con despliegue militar visible y ofensivas frontales contra estructuras criminales, no son nada nuevo para Guatemala. Se aplicaron aquí en los años ochenta y noventa, en un contexto radicalmente distinto, con conflicto armado interno, sin Acuerdos de Paz y con una relación con la comunidad internacional que no imponía los mismos límites de soberanía y presión externa que existen hoy. El tiempo cambió, se firmó la paz en 1996, se estableció un régimen de derechos humanos (aún así hubo gobiernos que han aplicado políticas de seguridad diversas incluyendo una “mano dura”) con mecanismos de verificación internacional, y, quizás el factor más determinante, el sistema se corrompió de una manera cualitativamente distinta, ya no solo capturado por el autoritarismo militar sino por redes de corrupción transversales que sobreviven a cualquier color político de gobierno. Aplicar hoy, sin matices, una fórmula diseñada para un contexto distinto es, cuando menos, arriesgado. Los países y los contextos históricos, institucionales y jurídicos son diferentes, y esa diferencia no es un detalle académico, determina qué es viable y qué no.

Hay un elemento que merece particular atención y que rara vez se discute con la seriedad que exige: las expresiones "dar de baja" o “limpieza social”, en el contexto de operaciones de seguridad, no sólo aplica en el uso legal de armas para defender la vida de ciudadanos o de los propios agentes armados del Estado sino que puede derivar en ejecuciones extrajudiciales. Y ese acto, por más que hoy sea celebrado por una ciudadanía cansada del crimen, puede generar responsabilidades legales para policías y soldados años después, exactamente como ocurrió en Guatemala con algunos conductores estratégicos al final del enfrentamiento armado interno, civiles y militares, considerados héroes de la lucha contrainsurgente en los años ochenta, pero que terminaron procesados y condenados judicialmente. Muchos aún con procesos abiertos. Este artículo no pretende descalificar a quien hoy enfrenta el crimen organizado con determinación, sino subrayar una realidad que la euforia del momento tiende a ocultar: el derecho internacional humanitario y el régimen de derechos humanos no desaparecen porque una operación sea popular hoy. Colombia verá, en los próximos años, si someterse o los “doy de baja” se traduce en una reducción real y sostenida del crimen, o si produce una nueva generación de policías y soldados con procesos judiciales pendientes dentro de una década, cuando cambien los vientos políticos.

Dicho esto, sería injusto presentar a Guatemala como un país inmóvil frente al problema. Bajo las condiciones imperantes, políticas, presupuestarias y culturales, se está haciendo lo que el margen de acción disponible permite. El principal motor de la violencia en Guatemala, como en Colombia, es la extorsión, y esa extorsión se origina de manera significativa dentro de los propios centros penitenciarios. Los reos utilizan aparatos móviles para coordinar actividades delictivas, lo que pone en discusión el papel de las empresas de telecomunicaciones; sin embargo, el problema no puede reducirse a afirmar que estas se niegan a bloquear las señales: existen dificultades tecnológicas, regulatorias y operativas, y actualmente hay mesas de trabajo entre el Estado y los operadores para encontrar soluciones. Reorganizar el sistema penitenciario ha resultado una lucha particularmente dura, precisamente porque ese sistema está profundamente corrompido, y en la actual gestión ya han sido destituidos un ministro, dos viceministros y cuatro directores del ramo.

 En paralelo se avanza en la construcción de nuevos centros penitenciarios diseñados para facilitar el control y reducir la tentación de corrupción entre quienes administran el sistema, se fortalecen las fuerzas de seguridad con nuevo armamento, y se incrementa el número de policías y soldados en servicio activo. Son medidas estructurales, menos vistosas que un presidente patrullando con chaleco antibalas, pero son las que el contexto institucional permite sostener sin comprometer el orden constitucional vigente. Y aquí aparece una de las paradojas más frustrantes del caso guatemalteco: mientras se exige al gobierno resultados inmediatos, la única mega cárcel proyectada enfrenta recursos legales interpuestos por opositores políticos precisamente para impedir su construcción. 

Exigir resultados y, al mismo tiempo, entorpecer por vía judicial la solución que se intenta implementar es una contradicción que revela, más que cualquier otro dato, la profundidad del problema. 

Hay un factor externo que conviene no perder de vista al evaluar la sostenibilidad de estos modelos: tanto Bukele como De la Espriella cuentan hoy con el respaldo político, y en la práctica diplomático, de Donald Trump y de su administración. Ese respaldo no es menor, valida internacionalmente sus estrategias de mano dura, facilita cooperación en seguridad y les otorga cierto blindaje frente a la crítica de organismos multilaterales tradicionales. La pregunta ineludible es qué ocurrirá con ambos liderazgos cuando ese respaldo deje de estar disponible, sea porque termine el ciclo político de Trump en Estados Unidos, sea porque ellos mismos dejen de ser presidentes. La región tiene, lamentablemente, un historial extenso y bien documentado de expresidentes que gobernaron con el aplauso mayoritario de su época y terminaron después procesados judicialmente, desde Alberto Fujimori en Perú, pasando por Ricardo Martinelli en Panamá, hasta el caso más reciente de Álvaro Uribe en Colombia, condenado en 2025 tras dejar la presidencia con altísimos niveles de aprobación durante su gobierno. 

El propio Estado guatemalteco aporta a esa lista los nombres de Alfonso Portillo, Otto Pérez Molina y Efraín Ríos Montt. No se está sugiriendo con esto que la popularidad presente sea garantía de responsabilidad penal futura, sino que la historia reciente de la región debería, cuando menos, moderar el entusiasmo con el que se aplaude hoy lo que después, bajo otro clima político, puede ser objeto de escrutinio judicial. El poder es, por definición, temporal, las decisiones que se toman bajo su amparo no siempre lo son.

Lo que ocurre en Colombia y Guatemala no puede leerse de manera aislada del ciclo político global que lo enmarca. La década de 2010 vio un ascenso sostenido de proyectos progresistas en buena parte de Occidente, con un punto culminante simbólico en la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, tras una ola que en América Latina se tradujo en gobiernos como los de Petro en Colombia, Boric en Chile o Lula en Brasil. Hacia finales de la década de 2020, sin embargo, el péndulo se ha desplazado con fuerza hacia posiciones conservadoras y de derecha, tanto en América como en Europa: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Giorgia Meloni al frente de Italia desde octubre de 2022 como la primera ministra de extrema derecha de un país fundador de la Unión Europea, el ascenso histórico de Alternativa para Alemania en las elecciones alemanas recientes, y en el norte de Europa los Demócratas de Suecia, que desde 2022 se consolidaron como socios indispensables de gobierno pese a no integrar formalmente el gabinete, en un fenómeno que se replica con matices en otros países escandinavos. 

De la Espriella en Colombia es, en ese sentido, expresión regional de un fenómeno que trasciende ampliamente sus fronteras: el hartazgo ciudadano con las promesas incumplidas de la izquierda que gobernó la década anterior se traduce, casi mecánicamente, en el ascenso de proyectos que ofrecen exactamente lo contrario, orden frente a lo que se percibió como permisividad, fuerza frente a lo que se percibió como debilidad. Es el mismo mecanismo psicológico y político, replicado en continentes distintos, con distinto vestuario ideológico pero idéntica lógica de contraste.

Todo lo anterior devuelve a un concepto iluminador para leer este momento: la anaciclosis que describió Polibio en sus Historias. Polibio observó que las formas de gobierno no evolucionan de manera lineal, sino que atraviesan un ciclo recurrente, la monarquía degenera en tiranía, la tiranía es derrocada por una aristocracia que a su vez degenera en oligarquía, la oligarquía es derrocada por una democracia que a su vez degenera en oclocracia, el gobierno de la multitud sin ley, y de la oclocracia, ante el caos y la inseguridad que produce, la sociedad vuelve a reclamar una mano fuerte que restaure el orden, reiniciando el ciclo. 

Colombia ilustra ese ciclo con una nitidez casi de manual. En la primera década de los años 2000 Colombia estaba dejando atrás décadas de guerra abierta contra el narcotráfico y la guerrilla para convertirse en uno de los países más seguros del continente (el autor lo visitó en esos años en un viaje de estudios, cuando el país era tomado como ejemplo), de la misma manera en que hoy militares y servidores públicos viajan a observar el modelo salvadoreño. Que ese mismo país, dos décadas después, tenga que repetir en 2026 fórmulas de fuerza similares a las que aplicó a comienzos de siglo, es la anaciclosis de Polibio operando ante los ojos de la región, en tiempo real.

Y si el patrón se sostiene, no se ve razón para pensar que Guatemala esté exenta de repetirlo. La misma fórmula que se aplicó en los años ochenta, bajo otro nombre y otra retórica, podría regresar con el gobierno que resulte electo para tomar posesión en 2028, enarbolando la misma bandera de mano dura que hoy enarbolan Bukele y De la Espriella, y que, dadas las condiciones estructurales descritas arriba, el gobierno actual, con las condiciones con que inició su gestión, probablemente no está en capacidad política de implementar en la misma magnitud, aunque comparta el diagnóstico y avance donde puede.

Vale la pena cerrar con una reflexión que ya no es institucional sino cultural. En países como Estados Unidos y buena parte de Europa hace falta relativamente poca fuerza policial visible porque, más allá de sus propios y reales problemas, prevalece una ciudadanía con mayor apego a la norma, mejores salarios, más oportunidades laborales y un tejido productivo sólido, sencillamente otra cultura y otro tipo de formación cívica. El autor ha observado cómo cualquier guatemalteco acostumbrado a conducir de manera agresiva e irrespetuosa de las normas de tránsito, al llegar a Estados Unidos, modifica su conducta casi de inmediato, sencillamente porque el Estado, entendido como el conjunto de sus instituciones y no solamente el gobierno de turno, es fuerte y consistente. Y cuando ese mismo ciudadano regresa a Guatemala, vuelve también la jungla del tráfico, porque interioriza, con razón hay que decirlo, que aquí el Estado no ejerce esa misma fortaleza institucional, y que las normas, en la práctica, se pueden usar en beneficio propio sin consecuencia real. 

Esa mezcla de psicología, cultura e idiosincrasia explica, en buena medida, por qué ni siquiera un gobierno como el de Bernardo Arévalo en Guatemala, con quien el autor de este artículo comparte buena parte del diagnóstico reformista, ha logrado hasta ahora una transformación estructural profunda. Incluso los mejores análisis se quedan cortos ante un escenario como la cultura política guatemalteca, lo cual puede llegar a provocar frustración, pero también es, quizás, la evidencia más clara de que ninguna solución de fuerza, por audaz o mediática que resulte, sustituye la tarea lenta, institucional y generacional de construir un Estado que sea fuerte no por la cantidad de fusiles que despliega en una calle, sino por la solidez y la permanencia de sus instituciones, más allá de quién ocupe la presidencia en un momento dado. Es, en el fondo, la idea kantiana del Estado jurídico: una comunidad donde la libertad de cada persona pueda coexistir con la libertad de los demás bajo leyes universales, y donde seguridad y libertad no se conciban necesariamente como enemigas, sino como bienes que solo instituciones suficientemente fuertes pueden proteger a la vez.

La licenciatura, la maestría y el doctorado

Por: DR. ALEJANDRO JOSÉ GUTIÉRREZ DÁVILA  DOCTOR EN DERECHO, DOCTOR EN FILOSOFÍA.

En la Licenciatura, se estudian problemas técnicos profesionales, asuntos del quehacer diario de una profesión. La licenciatura abarca toda la teoría ya existente. Problemas sociales y profesionales, el conocimiento general ya conocido sobre el campo que se estudia. Sirve para ejercer una profesión.

El qué hacer

En una maestría la investigación es científica, es decir dentro de la ciencia del campo correspondiente se investiga científicamente para ser un maestro. El magíster instruye pues posee una especialización científica en una ciencia (Magister quiere decir: el que más sabe, el que enseña con destreza, y Scientia, qué significa ciencias, magister scientiae, abreviado MSc, M.Sc.). La maestría estudia todo lo que ya existe, teorías y conceptos científicos ya comprobados y aplicados por la ciencia.

Instruir el cómo hacerlo

El doctorado, es un nivel de posgrado más elevado que la maestría; a nivel internacional, se le denomina con los prefijos (PhD, Ph.D.); en  latín: (philosophiae doctor o doctor philosophiae = doctor en filosofía) es el título más común en el más alto nivel académico, otorgado después de un curso de estudio e  investigación. 

El por qué de un saber o una ciencia

El doctorado es una especialización en la filosofía de un campo del saber humano específico. Por ejemplo: el Doctorado en Física, investiga en la filosofía de la física; un Doctorado en Política, investiga en la filosofía de la política; un Doctorado en Derecho, investiga en la filosofía del derecho; un doctorado en Derecho Constitucional, investiga en la filosofía del derecho constitucional.

Para explicar la dinámica del qué, el cómo y el por qué de la investigación (licenciatura, maestría, doctorado). Se usará como ejemplo el planteamiento de un problema en el derecho constitucional.

Un problema de investigación de tesis de Doctorado en Derecho Constitucional, es un problema dentro de la Filosofía del Derecho Constitucional, esto implica que quedan excluidos los problemas jurídicos y sociales, propios de una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, como los casos judiciales y sus problemas en el foro judicial; quedan excluidos los problemas políticos, propios de una Licenciatura en Ciencias Políticas y quedan excluidos los problemas científicos, que dan respuesta a las interrogantes de la Ciencia Jurídica, propios de una Maestría en Derecho.

Un problema de investigación de tesis de maestría dentro de la ciencia del derecho constitucional investiga un problema surgido dentro de la ciencia misma. A continuación algunos ejemplos:

1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los derechos fundamentales?

2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los tribunales  constitucionales difusos?

Así las cosas, los problemas de investigación del Doctorado en Derecho Constitucional, son aquellos fenómenos y problemas que se están produciendo  en la realidad y que rebasan lo establecido por la teoría (licenciatura) y la ciencia (maestría) y que generan un problema filosófico, pues la filosofía, es la única ciencia que estudia lo que aún no se ha indagado. busca el por qué y respuestas de lo que aún no existe, para crearlo y teorizar.

La filosofía buscará investigar lo novedoso, para crear teorías. Generar teorías para resolver aquello que aún no ha sido teorizado por la ciencia. A continuación algunos ejemplos: 

1. El positivismo contemporáneo de Ferrajoli, ¿es realmente positivismo o no?

2. El neoconstitucionalismo ¿es realismo jurídico o iusnaturalismo? ¿o qué es? 

3. Las normas jurídicas al estar constitucionalizadas ¿dejan de ser prescriptivas para volverse  descriptivas?

4. En la interpretación constitucional mediante argumentación constitucional ¿es activismo judicial, desarrollo teleológico jurídico o hetero integración normativa?  

5. ¿Existen las mutaciones constitucionales o es interpretación constitucional progresiva?

6. ¿Existe progresividad de los derechos humanos sociales, o es optimización expansiva del núcleo esencial del derecho humano?

7. ¿La argumentación constitucional se desarrolla por discursos realistas habermasianos, multiplicidad de posibilidades kelsenianas, la fórmula de Radbruch, o la rehabilitación de la razón práctica Kantiana-Alexyana? 

8. ¿Podrian ser sujetos de derechos, los androides con inteligencia artificial?

9. ¿Qué discurso argumental se debe aplicar en la interpretación constitucional, el Habermasiano o el Alexyano?

La licenciatura prepara al profesional proveyéndolos de la teoría necesaria para ejercer; el Magister es un maestro que instruye sobre la ciencia (teorías comprobadas existentes) de un campo específico; el doctorado indaga sobre el por qué de las cosas para crear teorías nuevas de un campo específico.

Sobre la ley de Ciberseguridad

Este es un comentario al artículo de prensa publicado el 1 de octubre de 2024. Leer Artículo.

El proyecto de ley 6347 "ley de ciberseguridad" busca establecer la organización del Estado ante las amenazas cibernéticas. Afortunadamente para el Estado de Guatemala, ya existe la organización para que el control civil integre y dirija todo lo relacionado a la ciberseguridad. El control civil cuenta con un ente rector de los temas de ciberseguridad: el Comité Nacional de Seguridad Cibernética CONCIBER el cual es coordinado por la Secretaría de Inteligencia Estratégica SIE.

El proyecto de ley 6347 "ley de ciberseguridad" está considerando la creación de un “Centro de Seguridad Interinstitucional de Respuesta Técnica ante incidentes informáticos de Guatemala, CSIRT-GT” (artículo 30 del proyecto). Las instituciones más avanzadas en aspectos de ciberseguridad son el Ministerio de Gobernación y en ciberdefensa el Ministerio de la Defensa.

El modelo del CSIRT y sus integrantes, propuesto en el artículo 30, es suficiente en tanto que en el mismo artículo, queda facultado para convocar a diferentes sectores sin excepción: académico, económico, financiero, privado etc. Toda amenaza que proviene del exterior del territorio nacional automáticamente compete a la defensa del Estado; para el efecto el proyecto de ley asigna la ciberdefensa al Ministerio de la Defensa. Pero el ente rector, civil, es el CONCIBER.

Si la ley es aprobada por el congreso, los criterios de decisión acerca de la ciberseguridad y ciberdefensa se tomarán en tres niveles: operativo, político-estratégico y político (orden ascendente).

En el nivel operativo el CSIRT-GT, integrado por técnicos especializados; ellos planifican y lo elevan al CONCIBER, que se ubica en el nivel político-estratégico por componerse de analistas de alto nivel de los ministerios. Las resoluciones emitidas se elevarán al nivel político: el Consejo Nacional de Seguridad CNS, quien conocerá las ponencias del CONCIBER, las autorizará o modificará. El CNS es dirigido por el Presidente de la República.

Otro detalle de la organización que la hace ideal es que el CONCIBER es dirigido por la Secretaría de Inteligencia Estratégica SIE, y ésta a su vez, es parte del Consejo Nacional de Seguridad.
De esta forma se asegura la alineación de objetivos y funciones así como la coordinación en los tres niveles de planificación y ejecución de la política de ciberseguridad.

Coyuntura julio 2024

 La complejidad actual explicada en un esquema a partir del análisis de Ben Sywulka

Opción 2 para ver el mapa https://share.mindmanager.com/#publish/Ee0Arl1yp7ctqsEjagljrdRoIaDsT1Dc4NKJHvux

Sobre la diferencia entre debate y diálogo en relación a la crisis actual

Este es un resumen de entrevista a Miguel Angel Balcárcel en el programa “Con Criterio” del 18 de octubre de 2023. Escuchar aquí. 

Debate: Quienes participan escuchan con la finalidad de refutar las ideas y demostrar las fallas lógicas del argumento del otro. Al preguntar en el debate, se hace como un desafío retórico; una declaración disfrazada porque el interés es expresar un compromiso indeclinable con un punto de vista contrario al de la otra parte. 

Diálogo: Quienes participan escuchan a los demás con la finalidad de conocer y comprender las creencias e intereses de otros para encontrar una comisión. Las preguntas se plantean con la intención de genuina curiosidad. Los participantes hablan como individuos, expresan lo que piensan para generar confianza. 

En un conflicto hay posiciones de las partes involucradas. Detrás de las posiciones se deben evaluar las necesidades de cada parte porque la insatisfacción de estas produce “problemas”. Los problemas no resueltos pueden generar crisis. 

La crisis crea una “escena política”: es lo que se percibe (hechos, manifestaciones, enfrentamientos, violencia etc.) el ejercicio de poder emplea medios para resolver la crisis, pero el poder no deviene de personas (funcionarios públicos) sino de los entes de poder (los que mueven los hilos). 

En ocasiones no se nota a los entes de poder en la escena política, pero son los intereses de éstos los que predominan en el trasfondo de la escena política. Algunos entes de poder son: el capital, el poder eclesial, coaliciones políticas con intereses comunes, las fuerzas armadas, el crimen organizado, fuerzas sociales, medios de comunicación. 

Un argumento en el debate por la lucha de poder es la cuestión de la legitimidad de las partes: que si son entidades formales (legales, electas como alcaldías, instituciones públicas) o informarles (grupos sociales como autoridades ancestrales, 48 cantones etc.). 

Se dificulta llegar al diálogo en un conflicto cuando las partes se enfrascan en el debate de la naturaleza formal o informal de las partes. Es un error considerar “informal” a las representaciones sociales como las autoridades ancestrales o los 48 cantones. 

Los grupos sociales, no electos, pero formalmente organizados y con representatividad, son parte de la democracia participativa. Las organizaciones ancestrales compuestas por comunidades consultan entre sí y deciden mediante consultas públicas, tienen una especie de asambleísmo. Actúan desde la perspectiva de su cultura y por ello no se rigen tan sólo a través de un alcalde autónomo. Los pueblos ancestrales tienen su propio sistema jurídico, no es un sistema de derecho consuetudinario (término omitido en acuerdos internacionales) sino que un sistema de normas similar al sistema jurídico occidental (el que imponen los Estados). 

Al no ser comprendido este sistema basado en la perspectiva y en la cultura, los grupos originarios no se sienten parte del Estado. Agrava la condición si la infraestructura que proyecta el Estado occidental está concentrada en las áreas mestizas y se excluye a los pueblos originarios. 

El sistema ancestral es de asambleísmo, de consulta y es una cultura del presente. El Estado tradicional formal occidental es, por el contrario, un constructo artificial "impuesto". Si la “cosmovisión” de “derecho” de los pueblos originarios no se logra entender por el Estado formal la solución del conflicto se dificulta. 

Por tanto, es prioritario llegar al diálogo considerando la naturaleza del Estado guatemalteco: El diálogo es entre autoridades ancestrales con la perspectiva propia de su cultura y se plantan frente a los representantes de una estatalidad que en el fondo no los representa. 

A lo largo de los años apenas hemos construido un Estado monocutural cuando en realidad es pluricultural, multiétnico y multilingüe. Nuestro texto constitucional no reconoce la dimensión étnico cultural del país: habla de comunidades pero no incluye el término "pueblos". 

Con estas diferencias ¿Cómo dialogamos si una cultura no entiende a la otra cultura? descifrar el idioma, cada palabra. 

Como inicio hay que saber diferenciar los términos presentados al inicio: 

Debate: Quienes participan escuchan con la finalidad de refutar las ideas y demostrar las fallas lógicas del argumento del otro. Al preguntar en el debate, se hace como un desafío retórico, una declaración disfrazada porque el interés es expresar un compromiso indeclinable con un punto de vista o idea. 

Diálogo: Quienes participan escuchan a los demás con la finalidad de conocer y comprender las creencias e intereses de otros para encontrar una comisión. Las preguntas se plantean con la intención de genuina curiosidad. Los participantes hablan como individuos, expresan lo que piensan para generar confianza. 

Condiciones mínimas para el diálogo: seguridad (sitio neutral), un mediador y testigos de honor que garantice la búsqueda de soluciones. 

En Política la forma es el fondo. 

La técnica para un buen diálogo es buscar mecanismos de reconciliación, mediante  el surgimiento de intereses reales y concretos. Al conocerlos entonces se logra dialogar. Partimos de niveles de asimetría de poder formal frente a un poder representativo pero que no se entiende. El poder social es representativo. 

El poder político ancestral no está considerado o incluido en los códigos legales del Estado. 

Los valores del poder social representativo (originario) son: verdad y entendimiento mutuo. Se usa el término verdad en vez de justicia; reparación en vez de castigo. 

Para lograr un dialogo efectico entre Operadores de justicia oficial con grupos sociales representativos indígenas es necesario entender que se está entre dos "fuentes de derecho" pero una sola finalidad. Para el proceso de diálogo en la cultura maya, hace falta flexibilidad para comprender por qué piensan desde su perspectiva. 

El bien común es para todos.