Hace unos días el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, salió personalmente a patrullar las calles de Santa Marta junto a cerca de mil cien efectivos entre militares y policías, chaleco antibalas puesto y arma al cinto, después de que estructuras criminales amenazaran a comerciantes de la ciudad con disparos. No es un hecho aislado. Se inscribe en una promesa de campaña que viene ejecutando desde su posesión el pasado 7 de agosto, cuando decidió jurar como presidente en un batallón del Ejército en Cali, rodeado únicamente de escuadrones militares, en lugar de hacerlo en Bogotá. Un mensaje de forma tanto como de fondo: mano dura, cero tolerancia, militarización visible de la seguridad pública, y una advertencia explícita a las estructuras criminales de que se sometan o se les da de baja.
La escena lleva a pensar en dos planos a la vez. Primero, evaluar la medida en sus propios términos técnicos: ¿es sostenible en el tiempo, es replicable en otro país, qué costos y qué riesgos conlleva? Segundo, por qué una fórmula que hoy se aplaude en Colombia y en El Salvador no puede simplemente calcarse en Guatemala. Y detrás de ambas preguntas, una tercera, más incómoda: ¿se está presenciando, una vez más, el mismo ciclo que Guatemala ya vivió en los años ochenta y noventa, ahora con otro vestuario?
La decisión de De la Espriella es audaz, y se esperan buenos resultados. Un presidente que sale personalmente a patrullar con su gente transmite algo que ningún comunicado institucional logra: la sensación de que el Estado, encarnado en su máxima autoridad, no ha abandonado el territorio. Eso, en sociedades donde el ciudadano común percibe al Estado como ausente, tiene un valor simbólico que no debe subestimarse. Pero el asunto de fondo no es si la medida convence hoy, sino si resulta sostenible mañana. Y ahí entra la aritmética elemental de cualquier despliegue prolongado de fuerza pública: mantener, por ejemplo, mil efectivos permanentemente activos en un área exigen tener otros mil listos para relevarlos, porque la tropa tiene que dormir, y un tercer contingente en descanso mientras los primeros dos mil rotan entre servicio y relevo.
Sostener una presencia visible y constante de mil hombres en la calle puede implicar comprometer una fuerza real tres veces mayor. La pregunta que cualquier gobierno debería hacerse, y que rara vez se hace en público porque no es una pregunta que gane titulares, es durante cuánto tiempo puede sostenerse un esfuerzo de esa magnitud, y qué ocurre cuando la fuente de presupuesto que lo financia se agota. Si el Congreso no aprueba los recursos necesarios, el propio gobierno queda condenado al fracaso ante los ojos de la ciudadanía que le exigió resultados. Y aquí aparece una diferencia estructural que conviene subrayar: tanto Nayib Bukele en El Salvador como Abelardo de la Espriella en Colombia cuentan con mayoría legislativa, uno la impuso mediante el control efectivo de facto sobre los tres poderes del Estado, el otro la ganó en elecciones. Esa mayoría es, en ambos casos, la condición de posibilidad que permite sostener el gasto, aprobar la normativa de excepción y blindar políticamente la estrategia frente al desgaste natural de cualquier gobierno.
En Guatemala, en cambio, cualquier gobierno reformista enfrenta un problema que antecede a su propia gestión: llega al poder con estigmas ideológicos propios de la cultura política guatemalteca y con una estructura de poder acostumbrada a la cooptación institucional, sea para sostener corrupción, sea para sostener actividad criminal directamente. A ello se suma una desventaja que contrasta directamente con los casos de El Salvador y Colombia: el actual gobierno llegó al poder después de una transición extraordinariamente conflictiva y con una representación legislativa reducida; en 2024, la bancada que originalmente respaldaba al presidente Bernardo Arévalo contaba apenas con 23 de los 160 diputados, en un contexto de fuerte polarización institucional. Ese es, en el juicio de quien escribe, el núcleo del problema local. No es solamente una cuestión de voluntad política ni de recursos, aunque ambos importan, sino de que buena parte del aparato estatal fue diseñado, o capturado con el tiempo, precisamente para resistir cualquier intento serio de reforma. Conviene decirlo con claridad: políticas de mano dura, con despliegue militar visible y ofensivas frontales contra estructuras criminales, no son nada nuevo para Guatemala. Se aplicaron aquí en los años ochenta y noventa, en un contexto radicalmente distinto, con conflicto armado interno, sin Acuerdos de Paz y con una relación con la comunidad internacional que no imponía los mismos límites de soberanía y presión externa que existen hoy. El tiempo cambió, se firmó la paz en 1996, se estableció un régimen de derechos humanos (aún así hubo gobiernos que han aplicado políticas de seguridad diversas incluyendo una “mano dura”) con mecanismos de verificación internacional, y, quizás el factor más determinante, el sistema se corrompió de una manera cualitativamente distinta, ya no solo capturado por el autoritarismo militar sino por redes de corrupción transversales que sobreviven a cualquier color político de gobierno. Aplicar hoy, sin matices, una fórmula diseñada para un contexto distinto es, cuando menos, arriesgado. Los países y los contextos históricos, institucionales y jurídicos son diferentes, y esa diferencia no es un detalle académico, determina qué es viable y qué no.
Hay un elemento que merece particular atención y que rara vez se discute con la seriedad que exige: las expresiones "dar de baja" o “limpieza social”, en el contexto de operaciones de seguridad, no sólo aplica en el uso legal de armas para defender la vida de ciudadanos o de los propios agentes armados del Estado sino que puede derivar en ejecuciones extrajudiciales. Y ese acto, por más que hoy sea celebrado por una ciudadanía cansada del crimen, puede generar responsabilidades legales para policías y soldados años después, exactamente como ocurrió en Guatemala con algunos conductores estratégicos al final del enfrentamiento armado interno, civiles y militares, considerados héroes de la lucha contrainsurgente en los años ochenta, pero que terminaron procesados y condenados judicialmente. Muchos aún con procesos abiertos. Este artículo no pretende descalificar a quien hoy enfrenta el crimen organizado con determinación, sino subrayar una realidad que la euforia del momento tiende a ocultar: el derecho internacional humanitario y el régimen de derechos humanos no desaparecen porque una operación sea popular hoy. Colombia verá, en los próximos años, si someterse o los “doy de baja” se traduce en una reducción real y sostenida del crimen, o si produce una nueva generación de policías y soldados con procesos judiciales pendientes dentro de una década, cuando cambien los vientos políticos.
Dicho esto, sería injusto presentar a Guatemala como un país inmóvil frente al problema. Bajo las condiciones imperantes, políticas, presupuestarias y culturales, se está haciendo lo que el margen de acción disponible permite. El principal motor de la violencia en Guatemala, como en Colombia, es la extorsión, y esa extorsión se origina de manera significativa dentro de los propios centros penitenciarios. Los reos utilizan aparatos móviles para coordinar actividades delictivas, lo que pone en discusión el papel de las empresas de telecomunicaciones; sin embargo, el problema no puede reducirse a afirmar que estas se niegan a bloquear las señales: existen dificultades tecnológicas, regulatorias y operativas, y actualmente hay mesas de trabajo entre el Estado y los operadores para encontrar soluciones. Reorganizar el sistema penitenciario ha resultado una lucha particularmente dura, precisamente porque ese sistema está profundamente corrompido, y en la actual gestión ya han sido destituidos un ministro, dos viceministros y cuatro directores del ramo.
En paralelo se avanza en la construcción de nuevos centros penitenciarios diseñados para facilitar el control y reducir la tentación de corrupción entre quienes administran el sistema, se fortalecen las fuerzas de seguridad con nuevo armamento, y se incrementa el número de policías y soldados en servicio activo. Son medidas estructurales, menos vistosas que un presidente patrullando con chaleco antibalas, pero son las que el contexto institucional permite sostener sin comprometer el orden constitucional vigente. Y aquí aparece una de las paradojas más frustrantes del caso guatemalteco: mientras se exige al gobierno resultados inmediatos, la única mega cárcel proyectada enfrenta recursos legales interpuestos por opositores políticos precisamente para impedir su construcción.
Exigir resultados y, al mismo tiempo, entorpecer por vía judicial la solución que se intenta implementar es una contradicción que revela, más que cualquier otro dato, la profundidad del problema.
Hay un factor externo que conviene no perder de vista al evaluar la sostenibilidad de estos modelos: tanto Bukele como De la Espriella cuentan hoy con el respaldo político, y en la práctica diplomático, de Donald Trump y de su administración. Ese respaldo no es menor, valida internacionalmente sus estrategias de mano dura, facilita cooperación en seguridad y les otorga cierto blindaje frente a la crítica de organismos multilaterales tradicionales. La pregunta ineludible es qué ocurrirá con ambos liderazgos cuando ese respaldo deje de estar disponible, sea porque termine el ciclo político de Trump en Estados Unidos, sea porque ellos mismos dejen de ser presidentes. La región tiene, lamentablemente, un historial extenso y bien documentado de expresidentes que gobernaron con el aplauso mayoritario de su época y terminaron después procesados judicialmente, desde Alberto Fujimori en Perú, pasando por Ricardo Martinelli en Panamá, hasta el caso más reciente de Álvaro Uribe en Colombia, condenado en 2025 tras dejar la presidencia con altísimos niveles de aprobación durante su gobierno.
El propio Estado guatemalteco aporta a esa lista los nombres de Alfonso Portillo, Otto Pérez Molina y Efraín Ríos Montt. No se está sugiriendo con esto que la popularidad presente sea garantía de responsabilidad penal futura, sino que la historia reciente de la región debería, cuando menos, moderar el entusiasmo con el que se aplaude hoy lo que después, bajo otro clima político, puede ser objeto de escrutinio judicial. El poder es, por definición, temporal, las decisiones que se toman bajo su amparo no siempre lo son.
Lo que ocurre en Colombia y Guatemala no puede leerse de manera aislada del ciclo político global que lo enmarca. La década de 2010 vio un ascenso sostenido de proyectos progresistas en buena parte de Occidente, con un punto culminante simbólico en la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, tras una ola que en América Latina se tradujo en gobiernos como los de Petro en Colombia, Boric en Chile o Lula en Brasil. Hacia finales de la década de 2020, sin embargo, el péndulo se ha desplazado con fuerza hacia posiciones conservadoras y de derecha, tanto en América como en Europa: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Giorgia Meloni al frente de Italia desde octubre de 2022 como la primera ministra de extrema derecha de un país fundador de la Unión Europea, el ascenso histórico de Alternativa para Alemania en las elecciones alemanas recientes, y en el norte de Europa los Demócratas de Suecia, que desde 2022 se consolidaron como socios indispensables de gobierno pese a no integrar formalmente el gabinete, en un fenómeno que se replica con matices en otros países escandinavos.
De la Espriella en Colombia es, en ese sentido, expresión regional de un fenómeno que trasciende ampliamente sus fronteras: el hartazgo ciudadano con las promesas incumplidas de la izquierda que gobernó la década anterior se traduce, casi mecánicamente, en el ascenso de proyectos que ofrecen exactamente lo contrario, orden frente a lo que se percibió como permisividad, fuerza frente a lo que se percibió como debilidad. Es el mismo mecanismo psicológico y político, replicado en continentes distintos, con distinto vestuario ideológico pero idéntica lógica de contraste.
Todo lo anterior devuelve a un concepto iluminador para leer este momento: la anaciclosis que describió Polibio en sus Historias. Polibio observó que las formas de gobierno no evolucionan de manera lineal, sino que atraviesan un ciclo recurrente, la monarquía degenera en tiranía, la tiranía es derrocada por una aristocracia que a su vez degenera en oligarquía, la oligarquía es derrocada por una democracia que a su vez degenera en oclocracia, el gobierno de la multitud sin ley, y de la oclocracia, ante el caos y la inseguridad que produce, la sociedad vuelve a reclamar una mano fuerte que restaure el orden, reiniciando el ciclo.
Colombia ilustra ese ciclo con una nitidez casi de manual. En la primera década de los años 2000 Colombia estaba dejando atrás décadas de guerra abierta contra el narcotráfico y la guerrilla para convertirse en uno de los países más seguros del continente (el autor lo visitó en esos años en un viaje de estudios, cuando el país era tomado como ejemplo), de la misma manera en que hoy militares y servidores públicos viajan a observar el modelo salvadoreño. Que ese mismo país, dos décadas después, tenga que repetir en 2026 fórmulas de fuerza similares a las que aplicó a comienzos de siglo, es la anaciclosis de Polibio operando ante los ojos de la región, en tiempo real.
Y si el patrón se sostiene, no se ve razón para pensar que Guatemala esté exenta de repetirlo. La misma fórmula que se aplicó en los años ochenta, bajo otro nombre y otra retórica, podría regresar con el gobierno que resulte electo para tomar posesión en 2028, enarbolando la misma bandera de mano dura que hoy enarbolan Bukele y De la Espriella, y que, dadas las condiciones estructurales descritas arriba, el gobierno actual, con las condiciones con que inició su gestión, probablemente no está en capacidad política de implementar en la misma magnitud, aunque comparta el diagnóstico y avance donde puede.
Vale la pena cerrar con una reflexión que ya no es institucional sino cultural. En países como Estados Unidos y buena parte de Europa hace falta relativamente poca fuerza policial visible porque, más allá de sus propios y reales problemas, prevalece una ciudadanía con mayor apego a la norma, mejores salarios, más oportunidades laborales y un tejido productivo sólido, sencillamente otra cultura y otro tipo de formación cívica. El autor ha observado cómo cualquier guatemalteco acostumbrado a conducir de manera agresiva e irrespetuosa de las normas de tránsito, al llegar a Estados Unidos, modifica su conducta casi de inmediato, sencillamente porque el Estado, entendido como el conjunto de sus instituciones y no solamente el gobierno de turno, es fuerte y consistente. Y cuando ese mismo ciudadano regresa a Guatemala, vuelve también la jungla del tráfico, porque interioriza, con razón hay que decirlo, que aquí el Estado no ejerce esa misma fortaleza institucional, y que las normas, en la práctica, se pueden usar en beneficio propio sin consecuencia real.
Esa mezcla de psicología, cultura e idiosincrasia explica, en buena medida, por qué ni siquiera un gobierno como el de Bernardo Arévalo en Guatemala, con quien el autor de este artículo comparte buena parte del diagnóstico reformista, ha logrado hasta ahora una transformación estructural profunda. Incluso los mejores análisis se quedan cortos ante un escenario como la cultura política guatemalteca, lo cual puede llegar a provocar frustración, pero también es, quizás, la evidencia más clara de que ninguna solución de fuerza, por audaz o mediática que resulte, sustituye la tarea lenta, institucional y generacional de construir un Estado que sea fuerte no por la cantidad de fusiles que despliega en una calle, sino por la solidez y la permanencia de sus instituciones, más allá de quién ocupe la presidencia en un momento dado. Es, en el fondo, la idea kantiana del Estado jurídico: una comunidad donde la libertad de cada persona pueda coexistir con la libertad de los demás bajo leyes universales, y donde seguridad y libertad no se conciban necesariamente como enemigas, sino como bienes que solo instituciones suficientemente fuertes pueden proteger a la vez.
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