El
Foro de Organizaciones Sociales especializadas en temas de Seguridad FOSS,
organizó el 19 de febrero en el hotel Hilton Garden de la zona 9 de la ciudad
de Guatemala un foro para analizar las iniciativas de ley del Organismo
Ejecutivo encaminadas a contener la criminalidad. Este es un resumen de la actividad
y sus conclusiones.
Las
panelistas invitadas fueron la Sra. Carmen Rosa de León directora de IEPADES, la
Doctora Pamela Ruiz quién expuso el tema de las pandillas en el triángulo norte,
el Licenciado Oswaldo Samayoa quien presentó un análisis jurídico de las
iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo y el Lic. Ricardo Guzmán ex viceministro
de Gobernación.
Lic. Guzmán, Licda. De León, Dra. Ruiz, Lic. Samayoa, Dr. Jimenez moderador
La
directora de IEPADES presentó datos estadísticos de una encuesta a nivel
nacional y otra a nivel municipal. Según los datos a nivel nacional el tema de
las pandillas ocupa el quinto lugar en la preocupación de los ciudadanos y a nivel
municipal el segundo.
Pareciera
que afecta más los vecinos la extorsión en sí que la presencia de sujetos
hombres y mujeres que pudieran pertenecer a una pandilla. Es la comisión de un
delito y no la presencia de un grupo.
Asimismo,
en los últimos 5 años la violencia criminal ha disminuido en Guatemala, pero lo
que se mantiene al alza son las extorsiones; la encuesta informa
que la principal razón para migrar son las necesidades básicas de subsistencia
no precisamente la inseguridad. Concluyó la Licda. de León que el tema de las pandíllas en sí, no es el principal flagelo qué mantiene la crisis de criminalidad sino las
condiciones con que la población dispone para generar más ingresos.
La
doctora Pamela Ruiz hizo una comparación del fenómeno de las pandillas en los
países del triángulo norte desde finales de los años 90 a la fecha. El común
denominador que se observa en las gráficas presentadas fue que en los años que
se decretaron fuertes legislaciones contra las pandillas en Honduras y El
Salvador la violencia aumentó en vez de disminuir[i]. También mostró gráficas que indican que en Guatemala sólo entre el 10% y 20% de las extorsiones son atribuibles a pandillas o maras, el resto es perpetrado por imitadores.
El
licenciado Oswaldo Samayoa hizo una presentación que en resumen demostró que la
legislación nacional vigente tiene suficientes herramientas legales para poder
perseguir el fenómeno de las extorsiones y las pandillas antes de declararlos
terroristas – un término que legalmente aún no se define – y que la manera en
que están redactadas las iniciativas de ley es muy general y puede ser
interpretada de manera errónea, tal el caso de lo que se pueda entender como “territorialidad”.
El
licenciado Guzmán compartió su experiencia como ex fiscal del Ministerio Público
indicando que la manera de redacción de la legislación produce problemas a la
hora del ejercicio legal Fiscalía/Defensa pública, ya que la ambigüedad de
definiciones en la ley influye necesariamente en lo jueces al momento de aplicar los principios jurídicos para
determinar las causales de haber cometido los delitos (en este caso para
calificar como terrorista a un delincuente común).
Luego
de un intercambio de preguntas y respuestas el moderador del foro el doctor Francisco
Jiménez Irungaray planteó algunas reflexiones finales a manera de conclusiones.
Expuso que la mayoría de conceptos escuchados apuntan que no procede la iniciativa de calificar de terroristas a los pandilleros principalmente
porque no tienen una ideología orientada a tomar el poder o cambiar el sistema
de Gobierno sino que están orientados obtener dinero por medio de la extorsión;
por otro lado las grandes empresas privadas de telefonía y banca que han sido utilizadas
como vehículo para concretar las extorsiones deben incrementar su colaboración
con las autoridades.
El
proyecto de ley propuesto no debería generalizar/condenar a un supuesto
pandillero por simple membresía a estos grupos sino por actos debidamente
comprobados de ilícitos, esto como consideración a otras personas que dispongan
tatuarse sin ser pandilleros, por ejemplo.
Para
combatir las pandillas es necesario producir inteligencia y realizar las
investigaciones; desarrollar la política de investigación criminal, reformar el sistema penitenciario entre otros. La iniciativa de ley más parece tener un fin político de
propaganda que buscar una solución que en el mediano plazo. No se puede
descartar el carácter de insurgencia criminal que puedan llegar a tener las pandillas.
Otro
desafío en el análisis social es que el anuncio de declarar terroristas a los pandilleros,
así como otras medidas como decretar estados de excepción (suspensión de
garantías constitucionales en territorios determinados) es atractivo por la
popularidad que dichas medidas tienen en la “cultura” de la población.
Es
necesario continuar agotando el debate para que los legisladores[ii]
puedan tomar la decisión que más conviene al país. Hasta hoy, la ley contra el
crimen organizado de 2006 ha hecho su papel y se acopla bien para contener la
criminalidad de las pandillas o mara.
[i] La
doctora Ruiz explicó que “MS13 Salvatrucha” se hace llamar pandilla y “Barrio 18” se
autodenomina “mara”. Es ofensivo entre ellos tratarse con la autodenominación
del grupo rival.
[ii]
La comisión de defensa del congreso va en este sentido: Ven inviable
declarar terroristas a las pandillas
La Comisión de Defensa Nacional elaboró una nueva
propuesta dirigida a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. El Periódico,
20/02/2020 https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/02/20/ven-inviable-declarar-terroristas-a-las-pandillas/
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